¡Las instituciones sí importan!

Para que un país se desarrolle, el Estado, las empresas y los ciudadanos tienen que cumplir sus roles. El primero tiene que administrar de forma transparente y eficiente los recursos existentes, proveer servicios básicos de calidad (salud y educación) y realizar las reformas necesarias para aprovechar la riqueza heredada y generar prosperidad para todos. Los segundos tienen la obligación de pagar sus impuestos sobre la renta que generan (individual o como empresas) y cumplir las reglas de juego establecidas para poder beneficiarse de la oferta de valor que ofrece el Estado. Los problemas se presentan cuando las partes incumplen sus compromisos, se genera desconfianza sobre la forma en la que afrontan las tareas que les corresponden o perciben que el Estado no responde proporcionalmente a su esfuerzo.

Precisamente, en el reciente documento sobre Perspectivas Económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ilustra la desconexión entre ciudadanos e instituciones públicas en la región de América Latina y el Caribe y propone construir un nuevo nexo entre el Estado, los ciudadanos y los mercados, con el fin que las instituciones atiendan las demandas de los ciudadanos.

El documento aporta algunos datos que justifican esta necesidad

• El 87% de los países de América Latina y el Caribe tienen una puntuación negativa en el índice de Estado de Derecho.
• El 79% de los latinoamericanos consideran a sus gobiernos corruptos, lo que significa doce puntos porcentuales más que en 2010.
• La proporción de mujeres en posiciones ministeriales o de liderazgo solo llega al 23.8% del total.

¿Qué ha pasado?

Para la OCDE, la pérdida de conexión entre Estado y ciudadanos tiene que ver con:

• La falta de confianza en las instituciones de América Latina y el Caribe por la captura de políticas públicas, la delincuencia, la corrupción y la impunidad de minorías dominantes.
• La poca eficiencia de las instituciones que prestan los servicios, el empleo de procedimientos ineficaces, la incapacidad de atraer a servidores competentes y calificados y la insuficiente coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
• El poco aprovechamiento de tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de capacidades de las instituciones para prestar servicios.

Lo increíble es que todo esto parece haberse acentuado mientras teníamos el mejor de los escenarios para crecer en América Latina con la expansión de la “clase media consolidada” que alcanzó al 34.5% en 2015 (personas que viven con entre USD 10 y USD 50 al día), aun cuando todavía hay un 40% de “clase media vulnerable” que se suma a la población en situación de pobreza.

Como consecuencia de ello, las desigualdades se han profundizado entre los distintos niveles socioeconómicos y los gobiernos tienen mayores dificultades para revertir las brechas existentes, lo cual redunda en el incremento de la insatisfacción con los servicios que el Estado les aporta. Solo los ciudadanos de niveles socioeconómicos más altos pueden refugiarse en la oferta privada para compensar la mala calidad de los servicios que ofrece el Estado, mientras que los más pobres se deben conformar con la existente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo tienen mayores incentivos para dejar de cumplir con su parte del contrato social tácito que tienen con el Estado, esto es, pagar impuestos.

Los gobiernos no pueden hacer mucho para crear prosperidad para todos sin recursos que nutran la caja fiscal, y menos aún reducir la desigualdad que aqueja a sus ciudadanos. Por ello, la idea de repensar las instituciones se convierte en una necesidad para establecer nuevamente ese nexo entre ciudadanos, instituciones y mercado como una condición para el progreso de los países.

Entre las principales recomendaciones que plantea el documento para fortalecer ese nexo están:

Promover instituciones judiciales independientes y eficaces. Los gobiernos deben facilitar los recursos necesarios para que estas autoridades puedan realizar su trabajo de forma autónoma y sin ningún tipo de injerencia del poder político para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho.

Crear un sistema transversal de integridad. Los funcionarios públicos deberían estar sometidos a un sistema de integridad sólido y transversal que permita combatir la corrupción. La idea debe ser evitar la captura de las instituciones, los conflictos de interés, los intentos de sobornos, entre otros. Otro aspecto a considerar es tener un buen sistema de reclutamiento de funcionarios profesionales al cual no se le creen excepciones como ha ocurrido con la Ley del Servicio Civil.

Fomentar estados más abiertos y participativos. Crear una cultura de transparencia exige una mayor apertura del Estado para que los ciudadanos puedan acceder a información y participar de la elaboración de políticas públicas. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, el análisis de “big data”, el gobierno abierto y las redes sociales pueden ser aliados importantes en la lucha contra la corrupción.

Fortalecer los marcos regulatorios. La única manera de que los ciudadanos vuelvan a confiar en el Estado es si se reconoce que este tiene capacidad para limitar las prácticas abusivas e ilegales en el mercado. Esto pasa por tener buenos marcos regulatorios y buenos reguladores.

Mejorar la oferta de valor del Estado. Los ciudadanos quieren un Estado que favorezca la empleabilidad y garantice buenas condiciones de trabajo, pero reconocen que vivimos una época de cambios tecnológicos en el mundo del trabajo que exige que también se promuevan políticas de desarrollo productivo que generen empleo y oportunidades para quienes hoy en día no los tienen. Las instituciones deben ser capaces de advertir esos cambios, adaptarse a ellos, fortalecer las políticas de educación y competencias y promover políticas de desarrollo productivo para la creación de empleos de calidad.

Consolidar la capacidad fiscal. El nivel de moral tributaria se podrá incrementar con más confianza en las instituciones y evidencia sobre los esfuerzos del Estado para crear una oferta de valor. De acuerdo a la OCDE, esta no ha dejado de caer y ya en 2015, uno de cada dos latinoamericanos estaba dispuesto a evadir impuestos, reduciendo la capacidad redistributiva del sistema tributario.

¿Qué ha ocurrido en Perú?

La nota específica sobre el Perú, elaborada con datos de 2016, esto es, antes de la renuncia del ex presidente Kuczynski, mostraba algunas mejoras en la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas que pasa de 17% en 2006 a 28% en 2016, aunque aún por debajo del promedio del OCDE. Algo similar ocurre con la confianza en el sistema judicial que pasó de 14% a 21 % en el mismo periodo y se produce una reducción del porcentaje de quienes piensan que la corrupción está extendida en el país de 89% a 83%, aunque aún está por encima del promedio de ALC. Además, también se identificaron algunas mejoras en los niveles de satisfacción con los servicios públicos respecto al 2015. Un 32% dijo estar satisfecha con los hospitales y un 36% con las escuelas, lo que equivale a siete y tres puntos porcentuales más que en 2005, respectivamente.

La nota también hace referencia a algunas iniciativas adoptadas por el gobierno saliente para mejorar la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía, simplificar trámites, la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, entre otros. No obstante, como resulta evidente por lo que los ciudadanos vemos todos los días, estas políticas han sido insuficientes para fortalecer ese nexo entre Estado, ciudadanos y mercado y que hoy explica buena parte de los problemas que tenemos como sociedad.

Es como si hasta ahora nadie hubiese entendido el sentido de urgencia sobre la necesidad de restablecerlo como condición para recuperar la confianza de los ciudadanos en lo que el Estado puede hacer y que nuevamente cada uno vuelva a cumplir su rol. Si no logramos eso, tendremos que conformarnos con tasas de crecimiento de la economía que no permitirán generar prosperidad para todos.