La reconstrucción con rostro humano

El gobierno está listo para ofrecer al país una reconstrucción con cambios, tal y como ha sido recogido en la Ley 30556, y tenemos que confiar que lo hará de la mejor manera posible. Lo que no está claro es qué tan preparado está para ponerle a esa reconstrucción, rostro humano.

La mejor evidencia es el objetivo de la ley que a pesar de haber tenido la oportunidad de ser enriquecido por los “padres de la patria” en el Congreso de la República, estos no reclamaron mayor énfasis a las disposiciones relacionadas con la entrega de viviendas y los compromisos asociados a esta tarea.

El énfasis puesto por el gobierno en el fierro y el cemento, olvida que a la gente no le importa cómo se financia la reconstrucción, si se hará con obras por impuestos, obras por terrenos o asociaciones público privadas. A la gente afectada le importa reconstruir sus vidas, volver a sus trabajos y sentirse seguros.

Ciertamente, la Ley, refiere que el Plan involucra el diseño de programas de vivienda de interés social, pero lo que se necesita es que las más de 40 mil familias que han perdido sus casas, vuelvan a tener un lugar donde vivir en el menor tiempo posible. Eso es poner a la población en el centro del proceso.

Un buen punto de partida es dar una revisada a las Lecciones de Cómo Enfrentar una Reconstrucción recogidas en el estudio de Mary C. Comerio de la Universidad de Berkeley en California, titulado Housing Recovery in Chile: A Qualitative Mid-program Review, que analiza el caso Chileno, después del Terremoto ocurrido en Chile en abril de 2010.

Y decimos esto porque para poder lograr una reconstrucción con rostro humano, hay  que tener presentes varios aspectos que son propios de casos donde se involucra desastres de esta naturaleza como consecuencia de fenómenos naturales.

1. Los daños
2. La atención humanitaria
3. La participación de las comunidades
4. La flexibilidad sin borrar responsabilidades
5. La gestión de expectativas

Los daños

Lo primero que hay que saber es cuáles son los daños que dejó a su paso El Niño Costero, y salvo las cifras aproximadas ofrecidas por el primer ministro cuando presentó el proyecto de ley de la reconstrucción al Congreso de la República donde hay un montón de datos que probablemente sí son cercanos a lo real porque son más sencillos de cuantificar, como los puentes o establecimientos educativos destruidos o dañados, no se puede decir lo mismo de las viviendas colapsadas, las inhabitables y las afectadas.

La mejor evidencia de que no se tienen claro los daños es que la primera función que la ley otorga a la Autoridad para la Reconstrucción es recibir el inventario de los daños que de acuerdo a la Ley 30556, es el Instituto Nacional de Defensa Civil — INDECI, el responsable de establecer los daños materiales, el padrón de afectados y damnificados; así como el inventario de daños a la infraestructura pública efectuados por cada uno de los sectores del Gobierno Nacional en el ámbito de su competencia.

Por ahora, no sabemos para cuándo estará listo ese inventario o “catastro de daños” como lo ha definido el gobierno, menos aún la identificación de zonas de riesgo (mitigables y no mitigables) o el acondicionamiento de terrenos para la instalación de Unidades de Vivienda Inicial (UVIs).

Así que solo cabría preguntarnos si se hará uso del Satélite para contrastar las imágenes del antes y el después de El Niño Costero en cada caso o qué participación tendrán los municipios en esta tarea, bajo el entendido que la presencia de INDECI y los sectores del gobierno central es bastante limitada en los gobiernos locales, entre otros, y teóricamente son ellos los responsables de hacer el “catastro de daños”.

La atención humanitaria

Mientras el gobierno prepara su proyecto de obras por terrenos para reponer, reconstruir y construir infraestructura de uso público, de la mano con el sector privado, si las cifras presentadas por la PCM son definitivas, hay 184 mil damnificados y 1 millón de afectados que necesitan en, mayor o menor medida, comida, alojamiento, asistencia médica, servicios de cuidado infantil y la posibilidad de recomponer su economía consiguiendo un trabajo que se cree a partir del propio proceso de reconstrucción si es que no pueden retomar su actividad anterior. Hasta ahora, esto ha sido atendido a partir de lo que estableció el Decreto Supremo 047-2017-PCM, pero estas acciones estuvieron referidas a la etapa de rehabilitación y no hay un planteamiento claro sobre cómo se manejarán durante la etapa de la reconstrucción.

Respecto a eso, el Perú de #unasolafuerza no se está preguntando más cómo es vivir en carpas en lugares donde el calor alcanza los 40 grados centígrados, si los baños portátiles que se han instalado en los campamentos donde están los damnificados son suficientes o están funcionando bien, si están operativos los servicios de agua y salud o cómo se compagina el restablecimiento de los servicios de educación con la falta de iluminación en los campamentos para que los chicos hagan sus deberes. Al respecto, lo que se sabe es que el gobierno señala que antes que culmine el mes de mayo, se habrá recuperado la transitabilidad en el norte del país y se habrá empezado a entregar las primeras 2600 viviendas temporales en Piura, Lambayeque y Ancash, pero no dice mucho más del resto.

Hay que esperar entonces que el Plan de la Reconstrucción con Cambios, el cual nos ha sido ofrecido para dentro de tres meses, nos dirá:

• El número de Unidades de Vivienda Inicial (UVI) que será capaz de ofrecer (aunque han sido anunciadas 13 mil) y el ritmo al que estas estarán listas que definirá el tiempo que tomará que las familias dejen los campamentos de emergencia.
• El plazo en que estarán construidas o reparadas las viviendas.
• La cantidad de subsidios de vivienda que serán entregados.
• El porcentaje de familias que se cree que tendrán sus casas reconstruidas o reparadas en los próximos tres años.
• Las forma en que se prestará la atención humanitaria en los meses que vienen.

Mientras eso no ocurra, los “padres de la patria” deben estar preparados para responder las preguntas sobre los candados que pusieron para asegurar esto temas en la ley de “Reconstrucción con Cambios”.

La participación de las comunidades

Todo indica a la luz de cómo quedó el texto de la Ley que los gobiernos locales y regionales podrán presentar observaciones sobre el Plan de “Reconstrucción con Cambios” en un plazo de 10 días hábiles, pero que sus observaciones pueden o no llegar a ser admitidas por la Autoridad creada para liderar e implementar El Plan, esto es, que no son vinculantes.

Esto significa que será poco lo que tengan que ver las autoridades locales con la recuperación de las viviendas de sus ciudadanos afectados, a pesar de que son quienes están más cerca de estos. Probablemente, esto sea una suerte de castigo a la permisividad con la que muchas autoridades permitieron en el pasado que se construya viviendas en zonas de alto riesgo, pero creemos que ir de un extremo a otro puede generar problemas posteriores porque es legítimo que las familias puedan opinar sobre las mejores alternativas de viviendas para ellos, incluso a nivel de modelos, las condiciones locales específicas, el financiamiento, entre otros.

En el largo plazo esto es importante porque una mayor participación de las comunidades garantiza mayor resiliencia a la reconstrucción.

La flexibilidad sin borrar responsabilidades

Lo que diga el plan de “Reconstrucción con Cambios” sobre la vivienda no debe ser plasmado en piedra, salvo en lo que está relacionado con las zonas de muy alto riesgo no mitigable y de alto riesgo no mitigable. Respecto a estas y a las zonas intangibles de los cauces de las riberas, las fajas marginales y las de terreno que dan lugar al derecho de vía, no hay posibilidad alguna de admitir la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, agrícolas y otros.

A contrario, en todos los otros casos, en los que haya habido colapso, inhabilitación o afectación de una vivienda, las familias deberían poder construir o reparar en el mismo lugar donde vivían antes de ser impactados por El Fenómeno de El Niño Costero. Para ello, será fundamental también tomar en cuenta los estilos de vida locales, de lo contrario se afectará la sensación de bienestar que tenían esas familias con anterioridad a la ocurrencia del desastre.

En paralelo, alguien tiene que preocuparse de establecer la responsabilidad de COFOPRI o el programa MIVIVIENDA o de las autoridades locales, si fuese el caso, de formalizar predios, dar subsidios o autorizar la construcción de viviendas en zonas de riesgo. Tampoco se debe olvidar que la política de vivienda en los últimos años se ha enfocado en vivienda nueva, en lugar de revisar las políticas de mejoramiento que necesitan los que menos tienen. El problema con esto es que la evidencia mundial muestra que a menos que exista un Estado fuerte capaz de hacer cumplir la ley y generar condiciones de oferta de vivienda digna y asequible, las personas en el corto tiempo volverán a ocupar las zonas destruidas.

La gestión de expectativas

Tal y como comentamos en nuestro post “La Reconstrucción no puede fallar”, las viviendas de las familias son un activo privado y lo único que puede hacer el Estado, es reducir la contingencia latente de que estas las instalen en zonas de alto riesgo, como queda claro que se hace en la norma, pero es importante que el gobierno a través de sus distintos voceros transmita también el mensaje que el apoyo del Estado para la reconstrucción no va a sustituir en ningún caso el esfuerzo individual que tiene que realizar cada familia para superar el impacto del desastre natural que los ha afectado.

Hay que hacer votos que en un proceso engorroso y de mediano y largo plazo como será el proceso de reconstrucción, si bien hay mucha infraestructura pública que rehabilitar o construir de nuevo, al igual que muchos activos productivos que recuperar, en el centro deben estar nuestros hermanos peruanos que han perdido todo. No podemos permitir que caigan en la desesperanza, pero tampoco generarles mayores expectativas que las que al Estado le corresponde honrar.