El Estado, las leyes con nombre propio y la prosperidad

En 2008, en plena crisis económica, el presidente Barack Obama apostó por rescatar a los “tres grandes de Detroit” (Chrysler, General Motors y Ford) con USD 50 mil millones de fondos públicos. Se trató de un rescate con nombre propio, cuyo objetivo era evitar la quiebra de las empresas y la destrucción de empleos en la industria. ¿Le suena conocida la historia?

Para proteger los empleos de los 1600 trabajadores industriales del Complejo Metalúrgico de La Oroya en Junín, el Presidente ha decidido introducir un cambio normativo -que para muchos tiene nombre propio- que amplía el plazo de liquidación de la empresa.

Concretamente, el proyecto de ley del Ejecutivo busca modificar el artículo 74 de la ley General del Sistema Concursal, para ampliar de dos a cuatro años el plazo para la liquidación en marcha de empresas sujetas al procedimiento de disolución y liquidación ante el Indecopi. Esto busca que la empresa se pueda vender en funcionamiento, sin que su patrimonio se divida, y con los puestos de trabajo asociados. Al evitar que los activos se vendan por separado, se permite que la empresa pueda venderse a un operador calificado y se impide que los trabajadores pierdan su empleo.

Este intento del Presidente Kuczynski tiene por lo menos sustento legal: lo ampara la Resolución 0001-2003-AI/TC, fundamento 7, del Tribunal Constitucional que señaló que el término “cosas” previsto en el primer párrafo del artículo 103 de la Constitución (que indica que pueden expedirse leyes especiales porque “así lo exigen las cosas”) indica que el Estado puede desvincular a la ley de su vocación por la generalidad y hacerla ingresar en la necesaria y singularidad cuando existe una razonabilidad objetiva (en esta caso, recomponer un orden social y salvaguardar los puestos de trabajo), según Resolución 00021-2011-PI/TC.

¿Tendrá éxito? El Presidente Obama lo tuvo. El año pasado la Casa Blanca anunció que las ventas de automóviles habían alcanzado un record histórico y que la industria se había recuperado. ¿Cómo lo consiguió? En gran medida porque el rescate financiero fue destinado a ayudar a las empresas a mejorar la calidad y eficiencia de su producción. Es decir, el éxito no fue resultado de ponerle un respirador artificial a la industria si no de transformarla.

En el caso de Doe Run, ahora en manos de una empresa liquidadora, el éxito de esta decisión política del gobierno dependerá de que se consiga en el plazo ampliado a un operador calificado interesado que asuma los pasivos (laborales, tributarios, ambientales y financieros) que tiene la empresa con sus acreedores y que sea capaz de modernizar la fundición para ser rentable sin generar daño ambiental. Todo esto, sin comprometer fondos públicos.

Sin embargo, quizás el aspecto más revelador alrededor de la decisión política de intervenir en este caso es que el gabinete parece estar todavía definiendo internamente el rol que desean que el Estado juegue en la economía. Si promover la diversificación productiva es dirigismo, tal como lo señaló un Ministro, entonces, decidir qué empleos se mantienen en qué lugar e industria también lo sería. Y, si debemos aspirar a ser un país sin programas sociales en el que cada ciudadano se valga por sí mismo, tal como lo indicó una Ministra, ¿acaso no deberíamos aspirar a que las empresas también se valgan por si mismas también y los rescates o leyes con nombre propio no sean necesarios?.

La sensibilidad y el liderazgo del Primer Ministro serán claves para que este debate se zanje de forma que el Estado termine sirviendo a quienes más lo necesitan.