El reto de crear prosperidad compartida

El Presidente Kuczynski y su equipo de ministros tienen trayectorias exitosas como líderes, políticos, académicos y empresarios. Más importante aún, la mayor parte del equipo de gobierno conoce tanto la administración pública como los negocios privados, ha tenido aciertos y errores en ellos, y sabe lo que significa ser evaluado por resultados. Quienes critican la conformación del nuevo gabinete, pierden el tiempo señalando que sus miembros son más afines a los intereses de los grandes empresarios que de los ciudadanos, cuando en realidad tienen una enorme oportunidad de fijar metas ambiciosas para evaluar la gestión de un grupo de personas acostumbradas a ellas.

Por ejemplo, una de ellas podría ser crear prosperidad compartida en el país a partir del perfeccionamiento del proceso de descentralización. ¿Cómo resolver los problemas que los gobiernos subnacionales han tenido para asignar, priorizar, ejecutar, monitorear, garantizar e impulsar acciones a favor de sus regiones, o, lo han hecho bajo un manto de corrupción que hoy tiene a seis presidentes regionales con prisión preventiva? Sin duda, planificar de forma centralizada grandes proyectos de inversión en las regiones, tendrá un impacto sobre la actividad económica y generará empleo. Sin embargo, el proceso de descentralización requiere también reformas más profundas. Tres aspectos que caracterizaron el diseño del proceso de descentralización pero que podrían evaluarse son los siguiente:

• La descentralización se hizo sin considerar que las autoridades locales y regionales son elegidas por votación popular. Esto significa que las autoridades tendrán incentivos para evitar dar cumplimiento a cualquier encargo (norma) que implique indisponer sus candidaturas frente a una masa crítica de votantes. Esto ya ocurre en el caso de las competencias exclusivas de los gobiernos locales que, por ejemplo, reducen la presión para el cobro del impuesto predial en periodos electorales.
• La transferencia de funciones no se ha completado y tampoco fue acompañada por un proceso de creación de capacidades técnicas y financieras. Hasta la fecha los gobiernos subnacionales reclaman que se les transfiera funciones que ya deberían estar ejecutando, cuando en la práctica no tienen capacidad para cumplir bien las que ya tienen. Igualmente, se transfirieron funciones de formalización, administración de bienes del Estado, planificación y control urbano, sin que los gobiernos regionales y locales tuvieran por lo menos un catastro básico para ejecutar esta función y además, para generar ingresos propios. Tampoco ha habido una descentralización fiscal.
• No se introdujo un sistema de monitoreo de desempeño regional y municipal para evaluar e introducir incentivos al alineamiento de las políticas regionales y locales con las nacionales. Las autoridades del gobierno central no preservaron la función de monitorear el adecuado cumplimiento de las funciones, e incluso un esquema de reversión de la transferencia. No se establecieron condiciones que se debían cumplir para la transferencia, como demostrar el cumplimiento de criterios básicos en la organización.

¿Qué se puede hacer?

• Facilitar que los gobiernos regionales puedan invocar –de forma temporal-  el principio de delegación inversa, esto es, hacia el gobierno central, en el caso de las competencias transferidas que no se están cumpliendo a favor del interés público.
• Fortalecer las competencias compartidas a través de las mancomunidades locales y regionales.
• Permitir que el gobierno central pueda apelar al principio de gradualidad en función del cumplimiento de metas, en aquellos casos de funciones con procesos de transferencias completados administrativamente pero no activados, sobre los cuales existen dudas de la capacidad de los gobiernos regionales de hacerse cargo.
• Trabajar la descentralización fiscal a partir de la introducción de un sistema de indicadores de competitividad o de avance de reformas claves, siguiendo el esquema del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
• Establecer incentivos para los gobiernos regionales que se alinean a las políticas nacionales con mayor rapidez.
• Brindar asistencia técnica para la implementación de competencias claves para el desempeño de sus gerencias o ciudades, como el caso del catastro donde las economías de escala son indispensables.
• Aspirar a que las regiones puedan negociar inversiones y plantear paquetes de medidas de incentivos que se coordinen y negocien con el gobierno central, para promover la diversificación productiva a partir de polos de desarrollo.
• Complementar los esfuerzos regionales para proteger la biodiversidad, donde claramente los gobiernos regionales no tienen las capacidades ni personal suficiente para poder hacerlo.
• Fortalecer el Sistema de Control que ejerce la Contraloría de la República sobre los gobiernos locales y regionales.
• Establecer un sistema de monitoreo sobre funciones transferidas que genere señales de alerta para las autoridades sectoriales del gobierno central.
• Modificar la legislación para que los gobiernos regionales estén sujetos al control político.

Un sistema de descentralización que funcione ayudará a garantizar un adecuado equilibrio de poderes, pero sobre todo a mejorar la calidad de vida de la población.

El temor o miedo a fallar o seguir haciendo mal las cosas no está contribuyendo a fortalecer el sistema y el nuevo gobierno tiene el enorme desafío de hacer frente a una reforma de estado estructural que impacta directamente en la vida del ciudadano y que consiga la prosperidad compartida que todos los peruanos esperan.