¡Qué se vayan todos!

Estoy convencida de que para generar prosperidad empresarial y bienestar ciudadano, el Estado debe cumplir con dos objetivos igual de importantes: promover la inversión privada y proteger los derechos de las familias peruanas.

Y he sido de las primeras en indignarme cuando anteponiendo la bandera de la promoción de la inversión privada se han vulnerado derechos ciudadanos. De hecho, libré una dura batalla para evitar que se siga afectando el derecho de los peruanos del disfrute de la riqueza de un mar que es suyo.

Y estoy convencida que las familias peruanas merecen justicia cuando se les ha generado un perjuicio. Por eso no puedo hacer menos que indignarme ante los crímenes ambientales de algunos malos mineros (formales o informales), antes los empresarios fugitivos condenados por delitos tributarios o los que concertan precios (no importa si es gas, son pañales, papel higiénico o pollo) para perjudicar a los consumidores. Pienso que el Estado debe estar preparado para ser implacable con estos malos empresarios. Pero para poder serlo, tiene que dar el ejemplo.

Los derrames de petróleo de los últimos meses que son responsabilidad de Petroperú, una empresa estatal, deben generar una respuesta ejemplar del gobierno pues, de lo contrario, se habrán perdido décadas de intentos por introducir en la economía de mercado del Perú, la noción de que cuando una empresa genera daño a los consumidores debe pagar por ello.

El primer derrame ocurrió el 25 de enero a la altura del kilómetro 441 del oleoducto, en el caserío de Villa Hermosa, del municipio de Imaza-Chiriaco; y, el segundo sucedió el 3 de febrero a la altura del kilómetro 206 del mismo oleoducto, en la provincia de Dátem del Marañón. El saldo de este desastre ecológico ha sido 22 comunidades en emergencia sanitaria y al menos cinco ríos contaminados (Inayo, Chiriaco, Marañón, Mayuriaga y Morona). La falta de previsión o la negligencia por falta de mantenimiento de los ductos, ha afectado los ríos de donde proviene la fuente de proteína de cientos de familias y las ha dejado sin agua como medio de subsistencia y para sus sembríos, probablemente por un largo tiempo si no es para siempre.

En mi opinión, tres son las acciones que ameritan una situación como esta:

En primer lugar, imponer una multa millonaria a la empresa, aunque sabemos que las multas no pueden legalmente ser orientadas a beneficiar a las comunidades afectadas.

En segundo lugar, despedir a todos los responsables directos e indirectos e iniciar las acciones legales que correspondan. Además, hay que garantizar la suspensión de cualquier bonificación, asignación o gasto no esencial, sin excepción, por los siguientes 5 años en la empresa con la finalidad de transmitir a la población que todo Petroperú en su conjunto asume la responsabilidad de sus acciones.

En tercer lugar, compensar a las familias. El gobierno ofreció casas para las personas que perdieron sus viviendas por un huayco que fue producto de las lluvias. ¿Qué debe ofrecer cuando el propio estado ha dañado el ecosistema donde vivían nuestros compatriotas despojándolos de sus medios de subsistencia?

La Ley General del Ambiente, Ley 28611, establece en su VIII índice del Título Preliminar el principio de internalización de costos y señala ¨Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.¨ El artículo 5 sobre los principios de la Gestión Ambiental, señala que esta se rige por el principio ¨Valorización e internalización de los costos ambientales contaminador-pagador¨ según señala en su inciso v,; y, en términos de responsabilidad por daños ambientales, hay que tener en cuenta los artículos 142  y 144 que definen daño ambiental y establece la responsabilidad objetiva, respectivamente.

Hasta ahora, se han emitido sendos Decretos Supremos que declaran en emergencia sanitaria 22 comunidades y establecen que las entidades ejecutarán acciones para la rehabilitación de las zonas afectadas de acuerdo a las necesidades, sustentadas en los estudios técnicos competentes.

Mientras los funcionarios realizan sus estudios o determinan las necesidades que hay que atender. ¿qué pasa con la población? No se necesitan estudios para saber que los peces de los ríos contaminados no se pueden consumir y que el agua de los mismos no sirve más para los sembríos, y menos aun para la subsistencia de las familias. ¿Es suficiente llevar botellas de agua y entregar algunos alimentos?

¿No será mejor pedir inmediatamente a algún organismo internacional que estime los daños ambientales y los daños económicos a las comunidades individual y colectivamente, con el fin de determinar las compensaciones que debe pagar el estado?

Solo con una reacción ejemplar que implique incluso una acción del estado contra sí mismo para compensar a las comunidades, se podrá evitar que en el futuro otra empresa pública o privada haga daño a las familias peruanas sin que asuman las consecuencias. Una respuesta apropiada al derrame de petróleo de Petroperú, podría ser uno de los elementos más importante del legado del presidente Ollanta Humala.

Ojalá que no deje pasar la oportunidad.