Violencia contra la mujer: ¿hay cambios reales?

Por: Lucía Dammert

¿Cuál es la política pública para proteger a las mujeres víctimas de violencia? A pesar de lo propagandístico, la situación no ha cambiado mucho.

La violencia contra la mujer en el Perú es una epidemia. No solo abarca la violencia física y psicológica contra parejas y exparejas, sino también el acoso callejero, las agresiones sexuales y un largo listado de situaciones que marcan la vida de la mayoría de mujeres peruanas, quienes temen usar el espacio público y que reconocen el peligro también en muchos espacios privados.

En el 2018 se presentaron un total de 222.376 denuncias por violencia familiar, de las cuales 176.540 son casos de agresiones de parejas o exparejas. 111.000 denuncias a nivel nacional se refieren a casos por violencia física, 97.000 por violencia psicológica y 6.000 por abuso sexual.

En el caso particular de la capital, Lima es la quinta ciudad ma?s peligrosa del mundo para las mujeres, las cuales enfrentan enormes deficiencias de acceso a servicios de salud, de educación, a servicios financieros y a recursos económicos, así como también un permanente riesgo de violencia sexual y acoso.

¿Cuál es la política pública para proteger a las mujeres víctimas de violencia? Un estudio reciente en diversas comisarías de Lima Metropolitana, encuentra que la situación no ha cambiado mucho a pesar de los anuncios y conferencias de prensa de los ministros a cargo del problema. Las iniciativas aún están en formato inicial cuando no solo propagandístico. Aun las mujeres que denuncian sufren niveles de revictimización importantes debido al abandono del Estado frente a la evidente situación de vulnerabilidad e incluso a la presencia de narrativas que tienden a justificar los hechos o a “entender” al agresor. No se trata solo de un problema relacionado con la falta de entrenamiento y capacitación de muchos funcionarios policiales, quienes ponen de su parte para responder las denuncias con puro sentido común, sino también  de la ausencia de una política institucional reconocida, aprendida y difundida de forma apropiada. Esta situación también es consecuencia de la inexistencia de una real red de protección que permita que los niños y niñas no terminen siendo víctimas directas e indirectas de situaciones de violencia, o que las mujeres deban retirar las denuncias por miedo a perder sustento económico e incluso lugar para vivir.

Leer las declaraciones sobre los avances en las políticas de protección a la mujer solo muestra una parte pequeña de la realidad. Hoy la situación de vulnerabilidad y maltrato que sufren las mujeres que se animan a poner una denuncia es enorme: instalar la denuncia es un proceso largo, burocratizado e indolente en la mayoría de los casos, que debe ser enfrentado por un grupo familiar vulnerable y aterrorizado que no tiene otra alternativa más que dormir en la comisaría, en la calle o retornar allí donde solo le espera más violencia. Todo indica que en otras zonas del país la situación es mucho peor.

El deterioro del debate político nos ha empujado a un escenario en el que la implementación de las políticas públicas ha quedado en segundo plano. Ni el Congreso se asegura de aprobar leyes para las que se cuente efectivamente con el presupuesto y la capacidad institucional apropiados, ni el Ejecutivo mantiene prioridades y establece metas para evaluar avances.

Mientras tanto la violencia crece, las mujeres siguen siendo víctimas, los niños y niñas aprenden desde pequeños que la violencia es la forma de resolver todo tipo de conflictos y los medios de comunicación banalizan y hasta caricaturizan situaciones obvias de acoso y maltrato. La impunidad crece incluso para violadores y feminicidas, por lo que se consolida un círculo vicioso sin salida.

La gravedad de la violencia contra la mujer pide a gritos más seriedad en la implementación de políticas públicas. Tal vez con menos conferencias de prensa e inauguraciones, pero con más cambios reales que permitan generar los sistemas de protección que la mayoría de peruanas necesitan.