Seguridad ciudadana: ¿nada cambia?

Por: Lucía Dammert

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que la percepción ciudadana sobre la seguridad se ha mantenido prácticamente inmutable entre el 2015 y el 2019. En otras palabras, nada parece haber cambiado, pues los peruanos siguen con los mismos niveles de ansiedad frente al delito.

Ello sucede a pesar de que las estadísticas del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) son más auspiciosas respecto a los niveles de victimización en el país. Sus encuestas muestran que aquellos que fueron víctimas de algún delito pasaron de representar el 35.9% en el 2013 a 27.7% en el 2018.

A pesar de ello, los ciudadanos siguen teniendo miedo. Los datos del propio INEI para el semestre móvil septiembre 2018 – febrero 2019 evidencian que el 86,6% cree que será víctima de algún hecho relacionado con la criminalidad, guarismo que supera el 89% para aquellos de entre 30 y 44 años. Asimismo, la geografía del miedo parece responder a elementos diversos cuando se reconocen las regiones donde más del 90% de la población siente temor, entre las que destacan Tacna con 93,6%, Arequipa con 93,2% , la Provincia de Lima con 92%, Madre de Dios con 92%, Huancavelica con 91,3%, Tumbes con 90.5% y Callao con 90.4%.

El nivel de victimización en el país se redujo de 35.9% en el 2013 a 25.7% en el 2018. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre la seguridad se ha mantenido prácticamente inmutable.

Este panorama plantea la necesidad de realizar estudios serios para entender los motivos del miedo. Como punto de inicio, planteamos cuatro razones que consideramos claves.

Primero, es imposible hablar de las políticas de seguridad ciudadana de Toledo, PPK o Humala. Los cambios permanentes de ministros y de sus equipos, así como el cambio de liderazgos al interior de la Polícia Nacional del Perú hacen prácticamente imposible identificar estrategias políticas y, por ende, diferencias. Desde esa perspectiva, la magnitud del problema no depende realmente de las políticas de seguridad. Entonces, afirmar que son las políticas del presidente Vizcarra las que se evalúan en una encuesta es impreciso. Los ministros de Interior se han convertido en un fusible que al quemarse impide que las prioridades, los ejes fundamentales e incluso los tipos de acciones a desarrollar sean tomados en cuenta.

Segundo, que la lucha contra la delincuencia esté mal evaluada es entendible si se considera que la cobertura policial es insuficiente, los cambios no se evidencian y la ciudadanía se siente desprotegida. Asimismo, la justicia no está funcionando y los niveles de impunidad son enormes. El sistema carcelario ni castiga ni rehabilita; más bien consolida carreras criminales. No hay motivos reales para evaluar la criminalidad bien, más aún cuando los medios de comunicación enfatizan diariamente los hechos delicuenciales que ocurren día a día y que no tienen ninguna consecuencia real sobre los victimarios. Respecto a la carencia de policía, la ciudadanía tiene razón. Hay pocos funcionarios policiales en los lugares que más lo requieren. Se necesita mayor presencia y patrullaje en partes importantes del país, pero, especialmente, en Lima Metropolitana donde la cobertura es mínima. Por lo tanto, se necesitan con urgencia más policías en la calle realizando tareas inteligentes de patrullaje para lo cual una buena relación con la comunidad es necesaria. Respecto al reclamo de la ciudadanía por más castigos, no es necesaria una agenda legislativa, porque, en los últimos años, se han aumentado las penas de forma incluso caótica. La respuesta policial dura no necesariamente es más efectiva. Tener leyes duras y ninguna capacidad de inteligencia no sirve. Eso está claro en cualquier análisis internacional.

Tercero, a pesar de que los niveles elevados de violencia en los hogares y especialmente contra las mujeres son un hecho evidente, los ciudadanos identifican la calle como lugar de temor. Se invisibilizan problemas estructurales como los mencionados anteriormente, y el robo se constituye como la principal amenaza que tendría el país en temas de seguridad. Por ello, es necesario reconocer la complejidad de la violencia y sus múltiples aristas. La encuesta nos permite observar cómo los ciudadanos optan por encerrarse en sus hogares, lo cual limita su vida en la calle y, además invierten en comprar mecanismos precarios para resguardarse. Todos estos son elementos peligrosos para la convivencia democrática.

El Perú está en el vértice de las principales rutas del crimen organizado y ha visto el desarrollo de mercados ilegales como en la minería, la tala y la trata, y cuenta con mínimas respuestas de política pública sostenidas en el tiempo.

Cuarto, la corrupción parece ser la sombra que nadie reconoce detrás de los hechos relacionados con la inseguridad ciudadana. La justicia criminal requiere de instituciones que construyan su legitimidad basadas en acciones efectivas y justas. La sensanción generalizada de corrupción en estos ámbitos yace en los pilares mismos de la inseguridad, dado que consolidan la sensación general de desprotección.

El Perú está en el vértice de las principales ruta del crimen organizado en América Latina. El país contribuye con el desarrollo de mercados ilegales diversos que incluyen la minería ilegal, la tala, la trata de mujeres, y cuenta con mínimas respuestas de políticas públicas sostenidas en el tiempo. Un panorama nada auspicioso que debería estar en el primer lugar de la agenda pública.