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Los refugiados climáticos y las nuevas ciudades del siglo XXI
Por: Belén Desmaison
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para el 2050 habrá 250 millones de refugiados alrededor del mundo debido a los efectos del cambio climático. Por otro lado, sabemos que el Perú es uno de los países más susceptibles a estos cambios, debido a su diversidad geográfica y ambiental. Urge, entonces, empezar a discutir como país qué hacer con un creciente número de ciudadanos forzosamente desplazados de sus hogares, barrios y ciudades debido a los impactos ambientales e hidrometeorológicos.
A nivel global se discute con frecuencia qué hacer con este creciente número de desplazados, si se entiende que la construcción de nuevos centros urbanos debe ser la última opción debido a las terribles consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen estos proyectos.
Entre los impactos negativos se contempla la pérdida de empleo de sus nuevos habitantes, acompañada por la falta de servicios públicos complementarios y un profundo desconocimiento de las relaciones entre sociedad y territorio, expresado en diseños urbanos y arquitectónicos monótonos y desterritorializados. Así, esta “solución” derivaría en centros urbanos que limitan o incluso imposibilitan las oportunidades de desarrollo de la población, por lo que aumentarían sus niveles de vulnerabilidad y pobreza y, por ello, muchas veces terminarían siendo abandonados por la gente a los pocos años de haber sido construidos.
El Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con leyes de reasentamiento poblacional preventivas, las cuales -en teoría- deberían permitir contar con tiempo suficiente para planificar y priorizar las acciones a seguir con el objetivo de lograr nuevos centros urbanos para los futuros refugiados climáticos, que sean socialmente justos y ambientalmente sostenibles.
En esta línea, un proyecto emblemático de reasentamiento poblacional preventivo es la Nueva Ciudad de Belén, en Iquitos, proyecto que ha sido liderado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desde el 2014, año en el que se promulgó la ley que declara como Zona de Alto Riesgo no Mitigable a la Zona Baja de Belén.
El terreno destinado para la Nueva Ciudad de Belén se encuentra a más de 13 kilómetros del mercado de Belén, el centro laboral de la inmensa mayoría de la población. Además, se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva natural Allpahuayo-Mishana, es de difícil acceso al contar únicamente con una trocha de suelo arenado como entrada y, hasta el momento, no se han podido identificar los proyectos definitivos de acceso de agua y desagüe para las más de 2.500 viviendas proyectadas. A mayo del 2019, se han construido alrededor de 350 viviendas de 40m2 en lotes de 120m2. Son de un solo piso, de concreto y ladrillo, y ventanas de vidrio.
Asimismo, en la nueva ciudad se tiene proyectado construir un centro de salud, centros educativos de varios niveles y un mercado de abastecimiento, pero hasta el momento no se cuenta con ninguno de estos servicios de manera permanente. Aún más preocupante es el hecho de que las actividades que representaban las principales fuentes de ingreso de la población han disminuido, mientras que sus gastos de transporte han aumentado. Además, cuentan con horarios limitados para desplazarse y no tienen otras alternativas viables de desarrollo socioeconómico. Por último, la presencia de este proyecto ha promovido invasiones en terrenos aledaños, por lo que ha aumentado así la vulnerabilidad de la reserva natural.
De otro lado, el proyecto ha sido difundido en medios de comunicación como uno “sostenible”, debido al uso de sistemas de climatización pasivos y techos elaborados con materiales vegetales. Sin embargo, el uso de estos materiales ha resultado en viviendas donde hace más calor en el interior que en el exterior. Además, por razones de seguridad y privacidad, las personas duermen con las ventanas cerradas, lo cual incrementa aún más la temperatura e imposibilita, de esta manera, la ventilación cruzada. Aún más significativo es el hecho de que sean viviendas de baja densidad y alejadas del centro urbano, lo que promovería la expansión y conurbación en el eje carretero. Este factor dista mucho de las recomendaciones promovidas en la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat, la cual busca frenar las expansiones urbanas y la pérdida de áreas verdes.
Asimismo, el diseño del centro urbano ha obviado por completo las particularidades territoriales, topográficas e hidrográficas del terreno donde se emplaza, al haber sido diseñado como si el suelo fuese completamente plano. Ello conllevará serios desafíos para su implementación si es que el diseño no es corregido.
Por otro lado, tanto el diseño como la implementación de las viviendas han sido hechos con nula participación de la población y de los gobiernos locales, lo que ha imposibilitado el desarrollo de capacidades y la adecuación de la infraestructura urbana a las necesidades y particularidades de la población en cuestión.
Este caso particular de Nuevo Belén debe conducirnos a entender que los proyectos de reasentamiento poblacional preventivo deben ser concebidos y diseñados como programas que van más allá de la reducción de vulnerabilidades físicas, ya que deben contemplar e integrar programas de desarrollo socioeconómico como parte de la planificación urbana y territorial, lo cual debería verse reflejado en el diseño urbano del nuevo asentamiento.
El cambio climático y sus impactos sobre centros urbanos nos obligan a continuar mejorando los procesos y diseños de las ciudades del futuro. Para ello, es indispensable que se articulen con programas y procesos que promuevan el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y de la población para enfrentar los impactos del cambio climático de manera social y ambientalmente sostenible.