Las aporías de Tía María

Por: Iván Lanegra

El proyecto minero Tía María ha cumplido con los estándares legales que les exigen las autoridades peruanas a las mineras para poder recibir la autorización de iniciar su etapa de construcción. Si el gobierno no les otorgaba la autorización a los titulares del proyecto, el Estado peruano podía ser pasible de demandas (de indemnización, por los costos del nuevo proceso de evaluación ambiental y por las consecuencias económicas del retraso). No obstante, tanto las autoridades del Poder Ejecutivo como la empresa minera saben que actualmente no existen condiciones sociales para iniciar la construcción, razón por la cual ambos han declarado que hasta generarlas, a través del diálogo, no iniciarán la construcción de la nueva mina.

¿Cómo es posible que, en el Perú, un proyecto minero que no es –al menos hasta el momento– viable socialmente pueda, sin embargo, cumplir con los requisitos formales y recibir su autorización? Esta es una evidencia de que o los estándares sociales y ambientales no son suficientes, o que la evaluación ambiental y social realizada no ha cumplido plenamente sus fines (aunque sí sus formalidades). Esta última, aprobada en el 2014 por el Ministerio de Energía y Minas, es una de las últimas hecha a un proyecto minero de gran escala por el propio sector que promueve la minería. Hoy en día, el proyecto Tía María debería ser evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), entidad que fue creada precisamente para mejorar la confianza en las decisiones estatales sobre estos proyectos. La empresa y las autoridades aseguran que todas las preocupaciones han sido atendidas –como el cambio del agua de pozo por agua desalinizada o el transporte por ferrocarril, razón por la cual el proyecto no afectará el desarrollo agrícola en el Valle del Tambo. A pesar de ello, el escepticismo y la desconfianza son muy grandes. Las autoridades han señalado que pueden hacerse mejoras a lo establecido en la evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles podrían ser estas? ¿Serán suficientes para reducir la incertidumbre en el Valle?

Lo que sí ha logrado la decisión administrativa gubernamental es alinear a los actores entre los que están a favor y los que están en contra del proyecto. Por un lado, la autoridad regional, la provincial y las distritales no han tardado de mostrar su desacuerdo con la decisión. Lo mismo ocurre con las organizaciones agrícolas de la zona. Por otro lado, los gremios empresariales han manifestado su satisfacción con la decisión. El lenguaje público de los actores adoptó rápidamente un tono hostil lleno de adjetivos. La convocatoria para un paro en los próximos días sintetiza la situación. El escenario actual no es el mejor para la búsqueda de acuerdos ni permite que la discusión gire sobre lo que debería ser lo esencial: ¿cuál es el mejor camino para brindar más oportunidades y prosperidad a la ciudadanía del Valle del Tambo? Los proyectos y actividades económicas no son el fin sino los medios. Sin embargo, no siempre es posible compatibilizar a ambos, cuestión que obliga a mirar el territorio -y sus diversas actividades, potencialidades, e intereses- y no cada proyecto individualmente. Para lograr este objetivo, no existen buenas herramientas ni políticas públicas disponibles, en particular aquellas que permitan construir consensos amplios, así como mecanismos legítimos para dilucidar los conflictos que pudieran presentarse. Incluso en el supuesto de que fuera posible conciliar el proyecto Tía María con las actividades e intereses del Valle del Tambo, ¿cómo generar sinergias a su alrededor para evitar el establecimiento una mina encapsulada y aislada del resto del departamento, que solo se limite a entregar en el futuro parte de sus rentas a través del canon minero? ¿Además, será el único proyecto o será el inicio de otros en la zona? Es por eso que uno esperaría que desde este caso el gobierno abra una agenda de ordenamiento y desarrollo territorial. ¿Ocurrirá?

La decisión de dar la licencia ha reavivado la dinámica conflictiva, una que tiene posibilidades de escalar. No pueden perderse más vidas en este conflicto. En este contexto, ya varios actores locales han pedido dar marcha atrás en la licencia de construcción. ¿No sería conveniente, al menos, suspender indefinidamente la licencia hasta llegar a acuerdos? Asimismo, el diálogo necesita una agenda que provea opciones reales de acuerdos que sean posibles de cumplir. Lo ideal sería considerar todos los puntos que hemos reseñado hasta aquí, pero eso nos conducirá a un proceso que demandará tiempo y paciencia, pues no parece posible conseguir, en un corto plazo, lo que no se alcanzó en los 10 años que lleva el conflicto. Y esto sin entrar en el problema de desconfianza que la historia del titular del proyecto genera. La minería es una oportunidad para el país, pero, sin estándares ambientales y sociales adecuados y bien implementados, ni consensos políticos sobre estos, ni capacidades de gestión, terminaremos en un nuevo punto muerto que la coerción estatal no va a resolver.