Corrupción y delincuencia callejera: dos caras de un mismo problema

Por: Lucía Dammert

Los datos son inequívocos. En el Perú las principales preocupaciones ciudadanas son el aumento de la corrupción y la posibilidad de ser víctima de un delito callejero. Sensación de abandono e impunidad inundan a los peruanos que día a día se enteran, casi con la misma frecuencia, de altos líderes involucrados en esquemas de financiamiento ilegal, políticos de medio rango que reciben dinero ilegal de diversas organizaciones criminales así como de presencia de sicarios, robos e incluso secuestros. La legitimidad institucional está por los suelos. Nadie se salva de las pésimas evaluaciones ciudadanas, y con justa razón.

La corrupción históricamente fue entendida como la capacidad de los empresarios de lograr que el mundo político hiciera lo que convenía a sus intereses.  Pero hoy en día los actores que ejercen presión se han diversificado, incluyendo múltiples organizaciones criminales e informales que intentan torcer las decisiones de política para su propio beneficio.

¿Es posible la corrupción sin violencia? ¿O la violencia sin corrupción? Las experiencias muestran que la corrupción constituye un terreno fértil para el aumento de la violencia. Porque el poder corruptor no es monopolio de los grandes empresarios, sino que está en manos de las organizaciones criminales. Las que negocian permisos para la tala y minería ilegal a cambio de financiamiento de campañas electorales. O aquellas que alquilan vuelos para el traslado de drogas en aviones con inscripción legal. O aquellas que compran silencio o impunidad para la explotación sexual y laboral de miles de mujeres literalmente raptadas de sus lugares de origen.

Estamos en un punto de inflexión donde los caminos a seguir son poco auspiciosos.  Pero hay tres lecciones que son claves tomar en cuenta. Primero, la reforma política debería ser una demanda ciudadana porque impactará directamente sobre la calidad de vida de todos los peruanos. Especialmente de aquellos que sufren las consecuencias de un Estado poco efectivo, sin red de protección social eficiente y que reciben educación, salud y pensiones de miseria. Segundo, la reforma de la justicia es urgente y necesaria. Sin un sistema de justicia confiable seguiremos en la ley de la Selva, donde el más fuerte gana, pero donde al final todos perdemos. Tercero, para enfrentar ambos problemas (corrupción y criminalidad cotidiana) se requiere una urgente reforma policial, una que asegure la protección de los más vulnerables y sobretodo que aumente el castigo a los que rompen las reglas. A todos, sin importar el apellido o el dinero.

No podemos confundir las prioridades. Dejar de lado las tareas fundamentales que requiere el país para avanzar con paso firme hacia el desarrollo, sería un salto a un futuro incierto. Así, sin reformas efectivas en la política, la justicia y la policía, no se podrán enfrentar los principales problemas que tiene el país. Porque desarrollo sin justicia traerá de la mano desarrollo con violencia.