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Empresariado en crisis

Por: Alfonso de la Torre

Pese a que el último CADE presentó esfuerzos iniciales como la iniciativa Cero Soborno, por ejemplo, declaraciones como las descritas líneas arriba borraron con una mano lo que se avanzó con la otra.

La crisis que el Perú atraviesa no solo es política, sino también empresarial. Aunque los titulares se concentran en la desaprobación de expresidentes, congresistas y jueces, las encuestas también dan cuenta de que la imagen pública del empresariado se encuentra por los suelos. Ya en 2017 un encuesta de Ipsos para Proética daba cuenta de que 71 de cada 100 empresarios son vistos como corruptos, no muy lejos de las mediciones para jueces (72 de cada 100) y congresistas (77 de cada 100). Peor aún, otra encuesta este último mes establece que solo 4% de los peruanos consideran que los empresarios no hacen ningún esfuerzo para luchar contra la corrupción.

En otras palabras, prácticamente todo el Perú considera que el empresariado es, sino cómplice, por lo menos indiferente ante la corrupción. La crisis es pues absoluta y requiere bastante introspección y autocrítica por parte de los empresarios, pero, sobre todo, de sus principales líderes y voceros.

Sin embargo, en vez de ponerse a la altura del reto, algunos de estos líderes parecen haber perdido la brújula por completo. Denuncias sobre ‘neocomunismo’ (sic) o ficticias persecuciones contra el sector privado le hacen un flaco favor a la imagen de la clase empresarial, que ciertamente debe jugar un rol fundamental en el desarrollo del país. Pese a que el último CADE presentó esfuerzos iniciales como la iniciativa Cero Soborno, por ejemplo, declaraciones como las descritas líneas arriba borraron con una mano lo que se avanzó con la otra.

Que la crisis sea empresarial no significa que sea económica, por cierto. Pese a los múltiples retos que tiene por delante, la economía peruana continúa creciendo. Nuestro avance hacia el desarrollo puede (y debe) ser mucho más rápido, pero uno de los factores que justamente lo evita es el dominio de intereses específicos en el diseño e implementación de políticas públicas. Por ello, la lucha contra la corrupción no solo es importante, sino fundamental para el futuro del país. No dudo de que hay muchos empresarios que entienden esto; sin embargo, sus voces se pierden entre las reacciones destempladas de algunos que prefieren conservar el estado de la situación tal como está.

Finalmente, este tipo de reacción no se ha limitado a empresarios, sino que también alcanza a algunos columnistas. Algunos han calificado el referéndum del último domingo como “un paso significativo hacia el desmantelamiento o desaparición fáctica de la Constitución Política de 1993” por parte de “defensores de las ideas socialistas-mercantilistas”; otros han alegado que el próximo paso del presidente Vizcarra es buscar “cualquier excusa para disolver al Parlamento y cambiar la Constitución”. Todas estas son ideas descabelladas considerando que el referéndum no contempla ningún cambio en el régimen económico y que estos críticos ni siquiera se molestan en discutir el impacto (positivo o no, cosa que es razonable debatir) de las medidas que fueron sujetas a consulta. El solo hecho de modificar una coma en el texto de 1993 inspira terrores infundados, anclados quizá en la creencia de que nada necesita cambiar en el Perú, y que la institucionalidad y la transparencia son ‘lujos’ antes que necesidades urgentes.

Digamos las cosas como son. Actualmente, el Perú no está dividido entre derecha e izquierda ni ‘liberales’ o ‘socialistas’ sino en tres grupos: uno compuesto por aquellos que buscan construir sobre lo avanzado en los últimos 15 años reconociendo la necesidad de construir instituciones de verdad y otro que prefiere borrar lo avanzado para así empezar de cero. Un tercer grupo está formado por quienes prefieren dejar todo como está. Es hora que los empresarios decidan en qué grupo están. El Perú los está mirando.

[Nota originalmente publicada el 11 de diciembre del 2018]

 

 

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