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miércoles, 8 de febrero de 2023
Parte de Guerra

Pablo O'Brien

Foto del autor: Pablo O'Brien

#ReactivaPerú: la irresponsabilidad es, en esta coyuntura, lo responsable

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Pablo O'Brien 09/04/2020 23:54
Call me irresponsible
Yes, I’m unreliable
But it’s undeniably true
That I’m irresponsibly mad for you

Se debe reconocer que el Gobierno ha tenido buenos reflejos para acometer la severa crisis económica a la que nos ha arrastrado el Covid-19. A la par que declaraba el Estado de Emergencia Nacional (EEN) y confinaba al país entero en encierro forzoso, el Ejecutivo lanzó el Bono de 380 soles para los más necesitados, aprobó normas para facilitar la reprogramación de pagos con los bancos, permitió que se pudiera retirar hasta 2,400 soles de las CTS y 2,000 de las AFP. 

Medidas, todas, oportunas y efectivas, las cuáles han permitido que la cuarentena sea soportable en un país con 70% de empleo informal. Y eso, no es poca cosa.

Con igual sentido de urgencia, pero con menos acierto, lanzó un paquete reactivador. Primero, anunció la creación Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) “de hasta S/ 300 millones destinados a financiar capital de trabajo, así como para reprogramar o refinanciar deudas ante esta coyuntura”. Hace unos días, el Presidente Martín Vizcarra promulgó el DL 1455 con el que veía la luz el programa #Reactiva Perú, del cuál nos hemos ocupado ya en Parte de Guerra.

La propia Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, recurrió a Twitter para explicar su relevancia:

“#Reactiva Perú, que cuenta hasta con S/30 mil millones que garantizarán créditos de capital de trabajo… [es] el programa de garantías más grande de nuestra historia y equivale al 4% del PBI. Se trata de una fuerte inyección de fondos para que las empresas reinicien operaciones tras la emergencia nacional por el COVID-19 (…). El monto del crédito y las garantías dependerá del tamaño de la empresa. En particular, el mayor respaldo lo tendrán las micro y pequeñas empresas, pues aquellas que accedan a créditos de hasta S/ 30,000 contarán con una garantía por parte del programa #ReactivaPerú de 98%.”.

Responsable o irresponsable… esa es la cuestión

Esta última condición, que la garantía no sea del ciento por ciento, es la que más dardos ha recibido. El ex titular del MEF, Alonso Segura, es quién parece haber tenido más y mejor puntería. Empleando, también Twitter, disparó. 

“REACTIVA PERU no es lo que anunció el BCR [Banco Central de Reserva]. Rebajar garantía del 100% para MYPES, hace que entidades financieras arriesguen su capital, por tanto tienen que hacer evaluación crediticia: demora, encarece (porque asumen pérdidas) y sesga en contra de los más pequeños/vulnerables (…) Objetivo de propuesta del BCR (repo con garantía soberana) era inyección inmediata de liquidez para dar oxigeno a empresas masivamente para próximos tres meses. Lo publicado es un programa de crédito con garantía que demora, restringe y filtra. ¿Ese es, ahora, el objetivo?”

La Ministra, previendo que los tiros vendrían por ese flanco (el cual el propio MEF había abierto al ir en contra de la recomendación del BCR), trató de proteger a #ReactivaPerú desplegando el escudo de la “responsabilidad sobre los recursos” y el de la “prudencia”. Es decir cuidar que el dinero público no se malgaste.

“El Estado debe actuar con responsabilidad sobre los recursos asignados y transmitir este criterio a las entidades del sistema financiero que brindarán los créditos. Se trata de mantener un equilibrio con una sola meta: mantener los negocios vivos y operativos. El programa #ReactivaPerú es una medida prudente, evaluada técnicamente y coordinada con el @bcrpoficial y las entidades financieras, que son actores principales para garantizar la adecuada implementación de esta medida. Como ya lo he dicho, la responsabilidad es la clave. De la mano con las entidades financiera se busca reactivar la economía con créditos adecuadamente otorgados, a fin de salvaguardar los recursos de los contribuyentes, pues de ahí saldría el dinero de activarse la garantía”.

El argumentó que no tuvo el efecto que esperaba la Ministra, y por el contrario, desencadenó una andanada de críticas. Varios economistas y opinólogos, salieron a refutarle, pero, nuevamente, Segura fue el mas certero.

“Actuar con responsabilidad es respetar el objetivo de una facilidad de liquidez, como se planteó, y no introducir cambios sustanciales que la desnaturalizan, sin sustento ni explicación. BCR es el experto. Los errores los pagaremos con quiebras y despidos masivos. Este es el riesgo a evitar, no mayor mora. No en circunstancias actuales. Preservar cadena de pagos es salvar el mayor número posible de empresas (todo tamaño), y con ello, puestos de trabajo. Los costos sociales y económicos de no hacerlo serían terribles, pudiendo evitarlo”. [El resaltado es mío]

El ex Ministro, dio en el blanco. Es evidente que si los bancos se ven forzados a evaluar riesgos, la velocidad para que el dinero fluya y evite que  la cadena de pagos se rompa, se ralentizará. La economía, entonces puede escorarse peligrosamente hacia la desaparición de una parte significativa del tejido empresarial y al desempleo, consiguiente.

Argüir, que se debe disponer “responsablemente” el dinero público, en medio de una crisis sin precedentes, es aunque resulte paradójico, irresponsable.

Muchos requisitos, poco monto 

Otro problema que se debe destacar de #ReactivaPeru es los requisitos que se han establecido para acceder a este programa. El DL Nº 1455 establece que:

“la garantía cubre como máximo el monto que resulte menor, el monto equivalente a tres (3) veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en el año 2019 y el monto equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual del año 2019”.

“Tres veces la contribución anual a Essalud en el año 2019”. No se entiende de dónde nació este cálculo. Ninguna entidad financiera emplea los pagos a Essalud como un criterio para evaluar créditos. Es obvio que las empresas no solo pagan planillas. Es más, con los niveles de trabajo informal que existen en este país, el requisito pareciera estar impuesto para impedir que los montos a garantizar sean más altos. No se entiende, porque el MEF no incluyó un criterio de elegibilidad más fiable como el pago de IGV, por ejemplo. 

Las Mypes pagan sobre todo a proveedores. Sus costos están compuestos fuertemente por 5% y 62.4 % correspondientes al total de los costos laborales no salariales (en régimen general y microempresa). Por ello, los 30 mil soles de tope propuesto se muestran insuficientes incluso para aquellas que borden las 100-150 UIT (microempresas manufactureras, comerciales, distribuidoras, importadoras y otras).

Indicar que “el monto equivalente a un (01) mes de ventas promedio mensual del año 2019” es claramente insuficiente, el efecto de la crisis no se va a reflejar en solo [un] mes de ventas. Al respecto, Segura, incluso, se indigna ante esta condición:

“¿Quién entiende al gobierno? Recorta REACTIVA PERU de 3 meses de ventas a 1 mes, en simultáneo a extender la cuarentena, que impide a muchas empresas MYPE incluidas, operar ya por mes y medio. [Anteriormente, el ex Ministro ya había señalado]: Rebaja de 3 meses de ventas a máximo 1 mes es un cambio sustancial introducido después de aprobada la norma. Sumado a menor % de garantía limita aún más el impacto. Muchos, especialmente MYPE, o no van a calificar o nuevo monto va a ser insuficiente para que sobrevivan”

Bajo estas condiciones alrededor del 70% de las Mypes no accederán a este programa. Como le indicó a Gestión Wilber Dongo, Gerente General de Negocios de Caja Arequipa: 

“Si para acceder al financiamiento se requiere tener Registro Único de Contribuyentes, el 70% de micro y pequeñas empresas no calificará al beneficio… Muchas empresas no manejan una contabilidad, es el analistas de créditos quien elabora los documentos para otorgar un préstamo”.

Para poner más cuesta arriba a las Mipymes acceder a este programa, se estableció como requisito que las empresas no tengas deudas tributarias en cobranza coactiva. Alva dixit: 

“La empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias administradas por la @SunatOficial, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020”.

El MEF parece no haber tenido en cuenta que en promedio la SUNAT genera por año alrededor de 2 millones de Resoluciones de Ejecución Coactiva. Estas resoluciones, generan el total de deudores tributarios: microempresas, pequeñas, medianas y grandes. Cabe precisar  que la mayor parte de microempresas (entre el 70% y 80%) mantiene deuda tributaria con SUNAT. Se estima que alrededor del 13% tienen deuda superior a una UIT. Lo más seguro es que durante la emergencia su situación financiera se agrave, por lo que al no ser elegibles a este beneficio, en la práctica se las condena a la extinción. Si se quiere evitar que malos contribuyentes se acojan a este programa, se debiera apartar a las acusadas de defraudación o elusión tributaria.

¿Cofide?

El DL Nº 1455, determina que sea Cofide el que administre estos fondos. La ministra así lo señala en su citado Twitter:

“Los créditos serán administrados por @Cofide_Peru, que se encargará de canalizar las garantías a las distintas entidades del sistema financiero del país. El plazo de los créditos será hasta por 36 meses, con un periodo de gracia por hasta 12 meses”.

Antes de entregarle semejante encargo a Cofide, debieron preguntar cuál ha sido el resultado de los últimos  programas  de garantía del Estado que esta entidad ha administrado en las últimas décadas. Oscar Vivanco, ex jefe de operaciones fiduciarias de Cofide, asegura que el éxito, no ha sido precisamente su norte. 

“Lo Fondos MIPYME, FORPRO, CRECER, no han sido exitosos, las operaciones han sido casi nulas por lo engorroso  del diseño. La  coyuntura  ameritaba  una  intervención  directa y rápida   del Estado  Peruano  en el sector  empresarial , a  través  de  subsidio  o crédito directo sin intereses”.

Vivanco también señala que varios aspectos que están considerados en el DL que da origen a #ReactivaPerú son trabas que impedirán el éxito en la ejecución del programa. Reseñamos algunos de los puntos señalados: 

  • No resulta  claro en el DL  de qué  manera  el  Tesoro  es  fideicomitente  y fideicomisario  si no es titular  de  los créditos. Los   recursos  aportados al  fideicomiso  de  titulización  son de las entidades financieras que  serían “originadores” y  se  adhieren  al  fideicomiso.  El Estado  es  un “mejorador” en el  glosario de las emisiones de valores.
  • La presentación del título valor o pagaré a Cofide por las entidades financieras para validación e incorporación de la  garantía resulta engorrosa. Estas entidades debieran reportar paquetes de créditos otorgados  en un archivo  digital como  Declaraciones  Juradas  y, en  automático, se les debieran emitir las garantías solicitadas.
  • El establecimiento,  en el Reglamento  Operativo, de diversos  requisitos  formales para  la  honra  de la  garantía, fuera  del retraso  en el pago  de los  créditos,  va  a originar que  las  Entidades Financieras no realicen los  desembolsos ni utilicen el  programa. Asimismo, el pago  debe  ser incondicionado  y a  solo  requerimiento  de la banca, al estilo de una carta fianza.
  • El desembolso  de  estos  créditos  deben  tener un tratamiento especial  en la palanca  financiera   de las entidades financieras (ratio  capital global). Debieran tener mínimo o nulo  consumo  de palanca financiera  por la  garantía  soberana.

Call me irresponsable

Creemos que el MEF está a tiempo de efectuar correcciones que permitan encaminar #ReactivaPerú.

1. Como señalamos en un artículo anterior, se debe incluir al Mercado de Valores y a las empresas que realizan Factoring (a estas últimas se las estarían incluyendo en un próximo DL).

2. Las  garantías, respondiendo a  la coyuntura por la que atraviesa el país y el mundo,  deben  ser  al 100%. Esto al menos  debiera   ser  mandatorio  en el  caso de las  micro y pequeñas  empresas. 

3. Los montos a garantizarse deben establecerse en base a las ventas (IGV u otro mecanismo) y debieran ser de por lo menos tres meses y no de uno solo (como se está considerando actualmente)

4. Eliminar los requisitos, en especial el de las cobranzas coactivas. Pensamos, que se pudieran excluirse empresas con demandas por defraudación y/o elusión tributaria.

5. Se debiera considerar la función de Cofide para hacer más ágil los mecanismos para ejecución de las garantías, de lo contrario, este programa no levantará vuelo. Debe establecerse índices claros para medir los avances en la ejecución, los cuales debieran monitorearse al milímetro para evitar retrasos que se traducirán rápidamente en la ruptura de la cadena de pagos, quiebras y despidos. 

6. Se debe trabajar en un cuidadoso programa sectorial. En esta ecuación no se está tomando en cuenta, las peculiaridades de cada rubro económico. Por ejemplo, el turismo y la gastronomía, padecerán las consecuencias del Covid, de una manera más grave que la minería.  

A modo de colofón, nos gustaría indicar que son pocas las veces en la vida en la que podemos darnos el lujo de ser “irresponsables”. Esta es una de ellas… En este caso, es casi un deber, la única forma de evitar el descalabro del aparato productivo. 

 

 

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SOBRE EL AUTOR

Pablo O'Brien

Historiador y comunicador con mucha experiencia en análisis de riesgos y formulación de estrategias de relacionamiento social, comunicacional y política. Ha sido asesor de los despachos ministeriales de Produce, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas. Con una larga experiencia en gestión social y negociación de conflictos en el sector minero y de hidrocarburos. Ha presidido y dirigido mesas y procesos de diálogo en el corredor minero, circuito petrolero y otros. Conocimiento en gestión pública en articulación de proyectos de innovación y desarrollo productivo. Reconocido por sus opiniones, profundidad de sus trabajos, capacidad de análisis, seriedad y rigurosidad. Ha sido director, editor y periodista en los más importantes medios de comunicación del país.

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