Destruyendo la formalidad en nombre del pueblo

Al inicio del Gobierno del presidente Castillo, Iber Maraví asumió el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y fijó un conjunto de propuestas al que llamó Agenda 19. Cuando la congresista Betssy Chávez se hizo de la cartera, sucediendo a Maraví, una de sus primeras declaraciones fue que iba a continuar con dichos planteamientos. Las iniciativas contempladas desde el comienzo dejaron en claro que eran un boomerang para generar condiciones a favor del empleo y más bien se iban a convertir en medidas que encarecerían la contratación laboral y favorecerían la informalidad, que supera el 80%. Lamentablemente está sucediendo. Las últimas modificaciones a la ley de tercerización son un claro ejemplo que agravará la situación del empleo, tal como advertimos el viernes pasado en Gestión.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo ha impulsado nueve de los 19 temas que dejó Maraví, de los cuales cinco proyectos están en camino de cumplirse. La agenda comprende la elaboración de un Código de Trabajo, la inserción de Servir al Ministerio de Trabajo, el aumento de la remuneración mínima vital, entre otros.

Otra medida era mejorar el diálogo tripartito con empleadores y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo. Sin embargo, los cambios a la ley de tercerización y el empeño por elevar la remuneración mínima, aun a costa de no respetar la institucionalidad que dice defender, son una muestra de puntos fijos que se pretenden llevar a cabo cueste lo que cueste. Y esa intención no solo ocurre con la prescindencia de consensuar con los empleadores, sino también al interior del Ejecutivo.

Por ejemplo, la semana pasada, al término del Consejo de Ministros, la titular de Trabajo logró que el presidente Castillo firmara el decreto que luego se publicó apresuradamente en una edición extraordinaria de las Normas Legales ese mismo día, tras conocerse por Gestión la opinión desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente desde el MEF ya alertaron al mandatario de la inconveniencia del decreto promulgado para el propio sector público, pues varias de sus entidades y empresas estatales usan la modalidad de tercerización, aunque haya funcionarios de la avenida Salaverry que digan que no hay discrepancias con el despacho del jirón Junín. Se espera una reunión esta semana entre ambos ministerios, aunque la carga ideológica del MTPE es el principal escollo y el desconocimiento del impacto en la economía. Hasta el momento, no hay algún funcionario del Ministerio de Trabajo que haya rebatido convincentemente las observaciones del MEF.

Mientras tanto, el Consejo Nacional de Trabajo es una entelequia que no tiene ningún rol en el actual Gobierno -aunque para ser justos casi nunca ha tenido protagonismo en las decisiones de la remuneración mínima-. La reacción empresarial ha sido esta vez fuerte no solo con Betssy Chávez, sino también contra el propio Castillo. Pero en las oficinas de la avenida Salaverry no oyen, aunque los más afectados serán los trabajadores de las microempresas. Es decir, que en nombre del pueblo se destruye la poca formalidad laboral que aún existe. Una ironía. En la Agenda 19 que dejó Maraví no hay alguna línea a favor de combatir la informalidad y tan solo ahora se mencionan, muy vagamente, medidas tributarias, pero más como parte de un discurso, que como una propuesta.

Pero los objetivos de la ministra no se quedan en lo aprobado, pues también pretende elevar de 1.5 a tres sueldos por año la indemnización por despido arbitrario, volviendo más rígida la legislación. Y la Comisión de Trabajo del Congreso va también por el camino equivocado, acusando con los ‘sambenitos’ de siempre a los que critican sus propuestas. Por esa ruta, la informalidad tendrá una larga vida.