Las cuentas del Congreso

En la primera legislatura del Congreso de la República elegido en el 2021, ingresaron 1,034 proyectos de ley a las 24 comisiones ordinarias. De estos se aprobaron 45 y hay al menos veinte autógrafas de ley todavía pendientes de promulgación por el Poder Ejecutivo. Respecto a su función de control político, se presentaron más de 150 autoridades y funcionarios. Entre ellos, varios ministros del Gobierno del presidente Pedro Castillo. Una primera impresión muestra que estas cifras presentadas por el propio Congreso son un balance alentador del trabajo realizado en el recinto ubicado en la Plaza Bolívar. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Cualitativamente la labor del Poder Legislativo mantiene deudas con las expectativas de la población que eligió a sus integrantes y con las necesidades del país.

Los diversos errores y faltas que cometen los congresistas se han convertido en blanco continuo de ataque, sobre todo por el poco espíritu de enmienda de las bancadas, que en la práctica no funcionan como tales, sino como grupos que muestran un comportamiento independiente de sus integrantes y que en más de una ocasión se reflejan en conflictos de intereses. Ejemplos son las contrarreformas de la reforma universitaria y también de la meritocracia de los maestros. Ambos casos por ahora quedaron en intentos, pero es posible que sus impulsores vuelvan a la carga.

Asimismo, en el control político, salvo pocas excepciones, la fiscalización está casi ausente. ¿De qué sirve invitar a funcionarios del Ministerio de Economía y no cuestionar la institucionalidad de cómo se aprueban los decretos de urgencia?, o ¿dejar de hacer un seguimiento de los compromisos de esos 150 funcionarios que acudieron a las diversas comisiones?

Para este año el presupuesto del Congreso de la República ascenderá a más de S/ 879 millones, que constituye un aumento superior en S/ 230 millones al que tuvo en el 2021. ¿Se justifica tal incremento? Los resultados que se obtienen ponen en duda la eficiencia del gasto que se realiza.

A lo anterior hay que agregar la calidad de las iniciativas que se presentan. Una gran parte de ellas adolece de un estricto análisis costo-beneficio, pese a que el reglamento interno lo exige. Sin embargo, se presentan análisis muy superficiales y en algunos casos ni siquiera ello.

Es indudable que el Parlamento también debe reflejar el debate político, pero muchas veces la cantidad de mociones y saludos, así como las declaraciones de interés nacional de cuanta iniciativa sea posible en los plenos terminan por dejar de lado los puntos centrales del propio quehacer parlamentario.

Así como se reclama al Poder Ejecutivo un shock de confianza, principalmente en el campo económico, también es necesario que el Poder Legislativo lo haga. Las encuestas revelan en los últimos 30 años un rápido desgaste de los congresos elegidos y poca empatía con la ciudadanía, pese a lo fundamental que significa su labor para una democracia. Ese reto sigue como tarea pendiente -que implica una reforma política- y el inicio de la segunda legislatura, pues debe ser el comienzo de un punto de inflexión. Después de todo, la esperanza es lo último que se pierde.