La piedra en el zapato del MEF

El déficit fiscal disminuyó a 2.6% del PBI en el 2021, menor en 6.3 puntos porcentuales al resultado del 2020 y también menor a lo que se proyectaba el año pasado, principalmente por las altas cotizaciones de los productos de exportación como los minerales, que originaron ingresos extraordinarios al fisco y que han tenido como correlato la reconstitución en parte del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y a la Reserva Secundaria de Liquidez con un aporte de S/ 18 mil millones, aunque el manejo de esos recursos podría ser mejor, tal como se advertía antes de la pandemia.

La política fiscal se ha convertido en uno de los temas centrales del debate de la política económica del Gobierno del presidente Pedro Castillo por los temores que despierta. Por el lado de los ingresos, el MEF intentó una reforma tributaria que significaba más carga para los contribuyentes pero que no prosperó, felizmente, por la actitud del Congreso. Pero no solo eso. Por el lado del gasto, también hubo controversia por los informes emitidos por el Consejo Fiscal, que en los últimos seis meses alertó de los riesgos del gasto fiscal que promueve el ministro de Economía, Pedro Francke, adoptando medidas a través de decretos de urgencia e impulsando el asistencialismo a través de la dación de bonos. El menor déficit fiscal del 2021 no justifica las acciones adoptadas por el despacho del jirón Junín, y en especial de su viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García.

Y es que la preocupación del manejo fiscal puede adquirir mayor relieve a la luz de lo que pueda ocurrir en la economía mundial como señala recientemente el extitular del MEF, David Tuesta: “Todas las señales son claras hacia un ajustón rápido de las políticas de estímulo en el mundo. Los países emergentes, entre ellos el Perú, lo van a tener difícil”, para luego añadir que es momento de “tener una institucionalidad monetaria y fiscal que debe fortalecerse” en las nuevas circunstancias.

En cuanto a la política monetaria, hay menor desasosiego con la mayoría del nuevo directorio del BCR que se designó con Julio Velarde a la cabeza. Sin embargo, así no sucede con la institucionalidad fiscal.

Un ejemplo de ello es el caso del Consejo Fiscal, que se ha convertido en una piedra en el zapato del MEF y que ya recibió más de un cuestionamiento del despacho del jirón Junín ante los pronunciamientos que realiza sobre la política fiscal.

Y justamente la semana pasada la agencia calificadora Fitch, tal como difundió Gestión, advirtió que el Perú requiere restablecer reglas fiscales creíbles a fin de reducir el déficit fiscal. En el 2020, debido a la pandemia, la exministra de Economía, María Antonieta Alva, suspendió la aplicación de las reglas fiscales para tener mayor margen y enfrentar la crisis sanitaria del covid-19, que significó el uso casi total de los recursos del FEF. Francke restableció la regla fiscal, pero solo para este año, y en aquella oportunidad hubo cuestionamientos de no ofrecer una senda mayor de las reglas fiscales.

Hoy ante el escenario que puede tomar la economía global y ad portas de que mañana el Fondo Monetario presente sus nuevas proyecciones mundiales, es necesario no descuidar el frente fiscal. En el Gobierno hay descontento con el Consejo Fiscal. El periodo de cada integrante de sus cinco miembros es por cuatro años, más cuatro años prorrogables. Actualmente la designación de su presidente, Carlos Oliva, vence el 4 de diciembre del 2023. Ya venció el periodo de uno de sus integrantes, mientras que el de otro miembro culmina en diciembre. Hay dos integrantes que están cumpliendo su primer periodo.

La intención en algún sector del Ejecutivo sería dejar vencer el plazo de designación, para lo cual ya tiene una terna preliminar, tal como revelamos hoy en gestion.pe. La independencia del Consejo Fiscal se debe preservar y evitar allegados al régimen actual. Dicho sea de paso, la mirada no solo está puesta en este organismo, también en el Tribunal Fiscal -en donde ya se venció el plazo de designación de más de uno de sus miembros- y hasta en la conducción del holding del Fonafe, que maneja la actividad empresarial del Estado, justo en momentos en que el Gobierno de Castillo muestra una proclividad estatista.