Papá Estado

Cada cinco años con motivo de las elecciones se retoman -con cierta añoranza para algunos- las propuestas de una mayor presencia del Estado en la economía. Y esos planteamientos adquieren relevancia cuando se habla de las empresas públicas. Como no podía ser de otra manera, en estos comicios nuevamente están presentes en el debate. La propuesta de volver a contar con una línea aérea estatal es un ejemplo, gracias a un proyecto aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso.

Pero así como resucita cada quinquenio esa agenda, también los candidatos que se muestran contrarios a esos planteamientos solo se limitan a cuestionar, pero evitan dar alternativas claras. Quizás por el temor de perder votos. Hay que recordar que después del fracaso de la privatización de las empresas eléctricas del sur en el gobierno de Toledo, quedaron proscritos justamente los procesos de privatización. Desde entonces las acciones de ProInversion, que sucedió a la Copri, promueven ahora solo concesiones.

Sin embargo, las malas experiencias en los contratos y en las asociaciones público-privadas (APP) como el gasoducto del sur, el aeropuerto de Chinchero o las dilaciones en proyectos como Majes-Siguas II, por citar algunos ejemplos, significaron duros golpes a esos esquemas -en parte por culpa de la corrupción y el mercantilismo aún imperante en parte del sector privado-. Se han intentado cambios en la legislación, pero sin éxito. Por el momento, la agenda está paralizada.

Pero lo que es más grave es que los candidatos que compiten y que son contrarios a estas propuestas evitan lanzar planteamientos y se limitan a recordar los pésimos resultados de la actividad empresarial del Estado en las décadas pasadas. Luego cuando llegan al poder asumen pasivamente varias iniciativas de las empresas públicas que aún están bajo Fonafe o proyectos como la cuestionada refinería de Talara de Petroperú, que se vendió como proyecto de modernización, pero al final fue para construir una nueva. Es decir, actúan como si fueran hechos consumados.

El rol del Estado en la economía se ha convertido en un tema central del debate electoral, no solo por las empresas públicas, sino principalmente por las iniciativas de mayor regulación que se le pretende dar. Es cierto que la pandemia puso en evidencia problemas serios de la política económica de los últimos 30 años, pero también sirvió para que, los que cuestionan el esquema seguido desde los años 90, critiquen todo lo que significa mercado y empresas privadas, sobre todo si son grandes compañías. Solo las mypes se salvan de las críticas, por lo menos mientras no crezcan. Lo pequeño es hermoso, parece ser lo que se prefiere.

Los últimos 30 años de política económica merecen importantes correcciones como un mayor cambio en el comportamiento de algunos sectores empresariales y políticas claras a favor de la competencia, pero no se pueden desconocer los avances logrados, incluidos los indicadores sociales como la reducción de la pobreza. El rol del Estado debe seguir el que la actual Constitución le otorga: la subsidiariedad.

Más bien los esfuerzos deben centrarse en mejorar el funcionamiento de las entidades públicas, que no existan solo islas de eficiencia, sino que se extienda a la mayoría. Eso supone impulsar esquemas como Servir, muy venido a menos. La mayor profesionalización en el aparato estatal también permitirá un nivel de fiscalización al sector privado que hoy se adolece en diversas actividades.