La economía en vilo

El 2020 está por terminar y la incertidumbre sobre el futuro de la economía aumenta. No solo por la actuación del Congreso, las próximas elecciones generales del 11 de abril y la precariedad del gobierno de Sagasti, sino también por la pandemia del covid-19 y las brumas que hay sobre el inicio de la vacunación.

La marcha de la política de salud es clave para el próximo año. El bajo nivel de contagios que se observa desde fines de octubre puede cambiar de giro, mientras el Gobierno no ofrece respuestas claras sobre los compromisos que se tienen para la compra de las vacunas y la implementación del proceso. Desde el gobierno de Vizcarra los anuncios no se han cumplido, y cuya responsabilidad recae tanto en los responsables de aquel entonces del Ministerio de Salud como en el Ministerio de Economía. La información es poco transparente hasta el momento.

Mientras tanto, las consecuencias de la crisis económica que deja la pandemia como secuela se tornan más preocupantes como el reciente informe del INEI que advierte que más de 10 millones de peruanos pueden caer en la pobreza monetaria.

Y estas preocupaciones aumentan por la informalidad creciente que tiene tanto impacto económico como político, pues los ciudadanos no ven reflejadas sus preocupaciones en los movimientos políticos existentes y, por tanto, la mayoría, hasta el momento, no se siente representada por ninguno de los candidatos presidenciales.

“Cada semana que pasa el Parlamento cava más hondo y pone en peligro la calificación crediticia del país”.

Bajo estas circunstancias ganan presencia en el debate diversas propuestas populistas y otras que apuntan a cambios en la Constitución -principalmente del régimen económico, verdadero objetivo de las modificaciones que se pretenden-. La propia presidenta del Congreso, perteneciente a uno de los movimientos de izquierda en el recinto de la Plaza Bolívar, promueve abiertamente que el próximo 11 de abril del 2021 también se haga la consulta para la conformación de una Asamblea Constituyente.

Y es que el Congreso no se detiene en generar preocupación con la aprobación de la mayor parte de los proyectos vinculados a los temas económicos. La semana pasada se dio pase a seis iniciativas legislativas controvertidas, dos de ellas – la “devolución” de aportes de la ONP y la eliminación del régimen CAS- tendrán un costo fiscal de cerca de S/ 18 mil millones. La decisión se adoptó pese a las diversas advertencias que se hicieron por el riesgo que generan para el futuro del país. En diciembre ya se aprobaron 18 proyectos populistas y controvertidos. Se vienen cinco más que están en agenda del pleno como la fijación de topes a las tasas de interés. Es decir, cada semana que pasa el Parlamento cava más hondo y pone en peligro la calificación crediticia del país. Ya más de una agencia calificadora ha llamado de atención por los proyectos populistas de los congresistas. La posibilidad de que se afecte la calificación del Perú es cada vez mayor.

En suma, quedan 17 días en que el panorama se puede complicar aún más, pese a algunos brotes verdes de recuperación en la economía, que resultan opacados por otros acontecimientos.