Momento de cambiar

En momentos en que los movimientos políticos se preparan para las elecciones de abril del 2021, viejos temas de la agenda vuelven a primer plano para el debate con ocasión del ingreso de un nuevo gobierno a partir del 28 de julio del próximo año.

Uno de los temas que se espera forme parte de los webinar, como ahora se estila, es el futuro de las empresas públicas. Luego de la época del proceso de privatización, los candidatos y los presidentes elegidos siempre eludieron abordar el tema debido a las controversias y denuncias que se dieron en algunas licitaciones de venta de las empresas del Estado. Tampoco se debe tener la memoria frágil y dejar de recordar el enorme forado que significaron en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.

Desde entonces se habló de concesiones y más de 30 empresas públicas, bajo el holding de Fonafe, mantienen su statu quo. Pero hay otros casos como Sedapal y Petroperú, por la importancia que tienen en la actividad económica del país, que están permanentemente sujetas a cuestionamientos -en parte por razones valederas-, pero sin que los gobiernos de turno adopten una ruta para solucionar los problemas que las aquejan. Tan solo, como sucede en otros ámbitos del aparato estatal, se aplican “medidas parche”.

Justamente la semana pasada, Carlos Paredes presentó su libro “La tragedia de las empresas sin dueño, el caso de Petroperú”, que fue auspiciado por la Universidad Continental y el diario Gestión. Paredes, que en la década de los 90 estuvo en el Ministerio de Economía y Finanzas, realiza un análisis de la mayor empresa del país desde diversos ángulos, sin eludir la controvertida inversión de la nueva refinería de Talara, que ya lleva varios años sin culminarse.

“No debe olvidarse que su destino debe preocupar a todos los peruanos”.

El hecho de haber sido presidente de la petrolera estatal hasta febrero de este año le permite evaluar diversos aspectos que no siempre merecen atención como el Oleoducto Norperuano, el tratamiento del impacto ambiental y la administración de la propia compañía.

En lo que corresponde a la nueva refinería de Talara -fue un eufemismo llamarla modernización-, el autor señala que asumió la tarea de transformar un “elefante blanco en uno negro“. No sabemos si al final será así, pues la ejecución depende aún de un financiamiento de 700 millones de dólares. Lo que más bien será parte de la agenda son las dos auditorías que acaba de anunciar la Contraloría General de la República a la inversión realizada, que a juicio del contralor Nelson Shack, requiere de una investigación exhaustiva.

Si bien se trata del caso de Petroperú, a partir del libro se desprenden algunas orientaciones de política que pueden ser útiles para los equipos de los movimientos políticos que competirán por alcanzar el gobierno a partir de julio del próximo año.

Una de las más importantes conclusiones es no dejar a las empresas del Estado en manos de unos pocos. Muchas veces los directores de las compañías son nombrados por razones políticas, como sucedió con Miriam Morales, allegada del presidente Vizcarra, como integrante del directorio de Electroperú, pese a desconocer el tema del sector eléctrico. En otras ocasiones son directores y gerentes que van rotando de gobierno a gobierno por diversas empresas.

No debe olvidarse que su destino debe preocupar a todos los peruanos. No son empresas sin dueño, aunque la experiencia indica lo contrario. Ojalá esta vez haya verdadero interés de los candidatos presidenciales y asuman el reto de manifestar qué harán con las empresas del Estado. Es momento de cambiar.