La golpeada inversión privada

Una de las claves para retomar de manera sostenida la senda del crecimiento es la inversión, principalmente la del sector privado. Antes de la pandemia su evolución era modesta y lejos de lo que se requería para aumentar el PBI potencial, que entonces estaba en 3.5%. Ahora la situación es más compleja.

El último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR) estima que la inversión privada caerá 30% este año y 28.8% el próximo. El peor comportamiento en el 2020 la tendrá la inversión privada no minera con un descenso de 28.5%, mientras la inversión privada minera disminuirá 21.1% según proyecciones del BCR.

Es más la encuesta de expectativas macroeconómicas de las principales empresas del país muestra una mejora, pero se considera que deben transcurrir de seis a ocho meses para que se refleje en el interés por invertir, siempre y cuando se mantenga la tendencia. Pero en el primer semestre del 2021 se enfrentará un fuerte ruido político por las elecciones generales, lo cual mantendrá ralentizada la inversión.

Precisamente por el panorama que se viene se debería ser cuidadoso en no perder la ejecución de los proyectos que ya están comprometidos. Sin embargo no ocurre así. Semanas atrás la empresa Naturgy, a cargo de la distribución de gas en cuatro ciudades en el sur, anunció su salida del Perú por incumplimiento de los compromisos del Estado, poniendo en riesgo la masificación del gas natural. Lo cual se agrava por la nueva postergación del concurso que realizará ProInversión para la distribución del gas en siete regiones.

Ahora el consorcio Angostura que lidera la española Cobra acaba de anunciar su intención de poner fin al contrato para ejecutar el proyecto de irrigación Majes-Siguas II debido a las marchas y contramarchas del MEF, el Ministerio de Agricultura y sobre todo del Gobierno Regional de Arequipa. La ineficiencia del Estado en su máxima expresión. El presidente Vizcarra desde agosto del 2018 en más de un viaje a la Ciudad Blanca prometió que la iniciativa iba adelante, pero la semana pasada que viajó ni siquiera hizo mención del proyecto. Lo que está en juego son cerca de US$ 3,150 millones de inversiones vinculadas a la futura irrigación. Es decir, pareciera que al Perú le sobra el dinero.

“No se trata tan solo de aprobar atajos legales como en más de una oportunidad se ha hecho en el pasado”.

Por el mismo camino va la fase final del proyecto de Chavimochic III, que tras firmarse que el Ministerio de Agricultura asuma la inversión, ahora se descubre que no tiene pólizas de seguro vigentes. Por lo pronto, en la lista de los proyectos 2020-2021 del BCR no se incluyen ni Majes-Siguas II ni Chavimochic III en su último Reporte de Inflación. Pero no son las únicas irrigaciones paralizadas. En la misma situación se encuentran la segunda fase de Olmos, Alto Piura, la ampliación de Poechos, entre otras. Y esto sucede, pese a los buenos resultados de la agroexportacion de productos no tradicionales en los últimos años.

Mientras que en el golpeado sector de hidrocarburos hay el riesgo de que frustren las licitaciones de 10 lotes cuyos contratos están por vencerse ante la falta de seguridad jurídica, según aducen las empresas petroleras, por las controversias que enfrentan con el organismo regulador. Discrepancias que no son de ahora, por cierto.

Los casos mencionados son algunos ejemplos de los problemas que afronta la inversión privada. El debate electoral abre la posibilidad de poner en agenda las condiciones para impulsar los proyectos. No se trata tan solo de aprobar atajos legales como en más de una oportunidad se ha hecho en el pasado, pues la experiencia de los casos Lava Jato y del Club de la Construcción son ejemplos de lo que no se debe hacer, sobre todo cuando las dificultades solo se reducen a trámites burocráticos. La predictibilidad jurídica también resulta necesaria y los continuos cambios normativos o decisiones contradictorias de un mismo organismo regulador es donde también debe ponerse la mirada.