Capacidades

El impacto de la pandemia del COVID-19 en el país ha puesto en evidencia la falta de capacidades en el Estado. La reacción inmediata ha sido generalizar que ello ocurre en la mayor parte de los organismos públicos. Si bien esa evidencia es visible, pueden ser peligrosas las generalizaciones y con ello volver otra vez al debate sobre que tener un Estado de menor tamaño es el único camino.

En realidad, lo que debe importar, principalmente, es que funcione.

Es evidente que en los últimos 10 años los cambios de regulación han dificultado las actividades económicas del país, más aún cuando se carecía de muchas capacidades en el Estado. Una de las consecuencias de esas críticas fue atribuir, desde hace años, todos los problemas de un menor crecimiento a los trámites. Ese es un factor, pero no explica todos los problemas de haberse detenido las reformas de segunda y tercera generación, la caída de la productividad y, por consiguiente, el menor crecimiento económico.

Indudablemente que ahora los retos serán mayores, tanto para revertir los efectos en el corto plazo de la pandemia como para enrumbar nuevamente al país, pero esta vez no deben repetirse  los errores del pasado y deben estar en la agenda del día aquellas reformas que se dejaron de lado en los últimos 20 años.

Esta tarea debe obligar a mejorar las capacidades en el Estado y eso requiere decisión política para una  reforma del empleo público, que implica un cambio de chip a nivel de los funcionarios, principalmente de aquellos que diseñan e implementan las políticas públicas. El aparato estatal además tiene que superar el virus de la corrupción, que sigue enquistado en diversas instancias públicas.

“El aparato estatal además tiene que superar el virus de la corrupción, que sigue enquistado en diversas instancias públicas”.

 ¿Cómo enfrentar esta tarea? Para asumir el reto se requiere que prevalezca a todo nivel la meritocracia, que los cargos públicos dejen de tener estabilidad laboral absoluta, como es ahora en muchos casos, y que se recupere el rol para el cual fue creado Servir, que en los últimos años perdió toda importancia.

Un ejemplo de la incompetencia ha sido la falta de ejecución de proyectos de inversión pública tanto a nivel de ministerios, como de gobiernos regionales y municipios. Es por ello que se ha tenido que llegar a convenios de Gobierno a Gobierno para intentar superar el problema, aunque queda pendiente saber luego de la ejecución de las obras, cómo se garantizará la operación y mantenimiento de las mismas. El mal recuerdo de las asociaciones público-privadas -como en el caso Chinchero-, las contrataciones con Odebrecht, la colusión del Club de la Construcción, etc., han dejado un sinsabor que no será fácil revertir, si no hay un cambio de comportamiento en la práctica, más allá de las normas que se puedan aprobar.

Es difícil realizar reformas de gestión en el Estado, pero aun así no se puede seguir retrasándolas. La experiencia en los últimos gobiernos demuestra que incluso con buenos diseños de políticas públicas, no se puede subestimar la implementación de las mismas. En suma, todas esas tareas son prioritarias y deben estar en la carta de navegación del próximo gobierno.