Cuestión de prioridades

Al presidente Martín Vizcarra le quedan 598 días para concluir su mandato. Desde que el 23 de marzo del 2018 asumiera el cargo sus prioridades estuvieron y aún están vinculadas a la lucha anticorrupción. Un objetivo que, por donde se le mire, era necesario iniciarlo. Sin embargo, como ya es público y notorio, descuida otros problemas del país: como la economía y las reformas que se requieren para evitar que el crecimiento se siga desacelerando y que alcance en mayor medida a todos los peruanos, principalmente en términos de una mejor calidad de vida.

En términos legislativos ha promulgado el Plan Nacional de Infraestructura y el Plan de Competitividad elaborados bajo la batuta del que fuera ministro de Economía, Carlos Oliva, y que ha logrado que ambos temas hayan pasado a formar parte de la agenda nacional.

Sin embargo, no es suficiente, pues hay otras cuestiones que merecen una pronta decisión, si es que no se quiere alentar la incertidumbre en la economía.

En efecto, tras la disolución del Congreso hay dos temas cruciales para el futuro del país. El primero de ellos vinculado a la minería, donde la actual administración gubernamental se caracteriza por realizar marchas y contramarchas –un ejemplo claro es el proyecto Tía María–. El otro tema clave es evitar que se detenga el desarrollo de la agroexportación.

Justamente, en este último caso todavía hay incertidumbre en la prórroga de los beneficios de la Ley de Promoción Agraria. Si bien el proyecto, con el apoyo del Ejecutivo, fue aprobado en la segunda legislatura del Congreso disuelto –incorporando varias modificaciones–, por desidia no se logró enviar la autógrafa de ley para su promulgación.

Hasta el momento no obtiene luz verde para ser considerada como decreto de urgencia en este periodo en que no hay un Congreso en funciones. Y más bien las declaraciones de algunos miembros del Gabinete dejan entrever que aún no hay unanimidad. Al parecer, más de un miembro en el Gabinete intenta introducir modificaciones al proyecto aprobado por el fenecido Parlamento.

El otro tema está relacionado con la revisión de la legislación minera. Inicialmente, el presidente Vizcarra anunció una nueva Ley General de Minería, pero posteriormente en setiembre, con ocasión del evento de Perumin, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aclaró que principalmente se iban a dar algunos cambios más que totalmente otra legislación.

Actualmente, hay una comisión formada para ese fin, pero se desconoce los avances de su trabajo, pese a que el sector minero es muy sensible.

Hasta el momento, Vizcarra ha promulgado 21 decretos de urgencia, de los cuales 14 corresponden al área económica. El último fue dado ayer para promover la actividad cinematográfica y audiovisual. Sin restar importancia a este aspecto cultural, cabe preguntarse si la ampliación de la Ley de Promoción Agraria acaso no merece igual atención.

El próximo año no se vislumbra con buenas proyecciones y en las últimas semanas han disminuido las estimaciones de crecimiento económico tanto para el 2019 como para el 2020. Es responsabilidad del presidente Vizcarra, que tiene de lejos más aceptación que los integrantes del Gabinete Zeballos, priorizar algunos temas que no pueden esperar.