A veces sí, a veces no y varias veces tal vez

Hace dos semanas, el ministro de Economía, en entrevista con Gestión, revelaba que en aproximadamente una semana se podía otorgar la licencia de construcción al proyecto Tía María. De la misma opinión era el titular del Minem, aunque, algo más cauto, dijo a Gestión que la luz verde a la iniciativa de Southern estaba en camino.

Sin embargo, bastó que ambas declaraciones se dieran para que inmediatamente volvieran a aparecer los opositores de siempre, pero esta vez aprovechando las dubitaciones desde la casa de Pizarro.

Tanto el presidente Vizcarra como su premier hace siete días anunciaron que se iba a convocar una mesa de diálogo para el desarrollo de la zona. Idea propuesta inicialmente por el gobernador regional de Arequipa. Obviamente, la intención es destacable, pero que, se sepa, para otras inversiones no hay convocatorias de este tipo de mesas. Salvo que esta vez se plantee un conjunto de proyectos y se contemple que los mismos sean financiados por la empresa minera, como una de las condiciones para que obtenga la licencia de construcción.

La semana pasada en el Ejecutivo se invocó el diálogo y el consenso, lo cual es loable, porque lo peor que puede ocurrir es que los proyectos sean fruto de la imposición. Sin embargo, la pregunta es: ¿hay una oposición mayoritaria en Islay al desarrollo de Tía María o es un grupo minoritario? Encuestas van, sondeos de opinión vienen, con resultados opuestos, que no logran satisfacer la respuesta a la interrogante.

Lo que sí es claro es el zigzag en el Ejecutivo. Lo cual no es nuevo, principalmente desde que en el Gobierno de Ollanta Humala se frustró el proyecto Conga. Indudablemente que la licencia social es clave en cualquier de inversión privada y sobre todo en actividades como la minera, sujeta a fuertes controversias debido al peso de los cuestionamientos del pasado. Y la carga es mayor, cuando aún todavía no hay una solución definitiva al problema de Las Bambas y las comunidades adyacentes.

Actualmente, Senace tiene 25 proyectos en agenda para evaluar su impacto ambiental, que suman inversiones por US$ 9,428 millones, proceso que casi siempre está sujeto a controversias.  A lo cual se agrega que en los últimos meses se han dado al menos seis sentencias judiciales que han bloqueado varios proyectos, que ascienden a US$ 1,700 millones.

Por ejemplo, la iniciativa de Coroccohuayco, que desarrolla Glencore en la provincia de Espinar, está detenida por dos demandas de amparo que exigen la consulta previa.

Hasta el momento, el Estado no logra tener la fórmula que permita atender los reclamos de las comunidades sin que se detenga la mayoría de los proyectos.

La mesa de diálogo convocada para el viernes pasado no se instaló. El gobernador regional de Arequipa mantiene también, al igual que el mandatario, una posición dubitativa. Mientras tanto, se acerca agosto – mes en que vence la vigencia del EIA de Tía María– y, por lo tanto, la demora en tomar una decisión tendrá mayor impacto.

El proyecto es importante no solo por lo que puede significar para la minería sino también como la señal que espera el sector empresarial tanto en el país como en el exterior.