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En los últimos años, y principalmente desde el 2016, los diversos gremios empresariales en el país han ido perdiendo peso en el debate de la agenda económica y también en la política. La representatividad de varios de ellos está lejos de reflejar el mundo empresarial del país y más bien se percibe que aquellos que mantienen actividad permanente han perdido sintonía con algunas de las demandas de las propias empresas, así como con los nuevos anhelos de los ciudadanos. 

Esta falta de presencia activa sobre todo se ha hecho notoria cuando el país se encuentra en un proceso de lucha contra la corrupción, que involucra no solo a políticos y funcionarios sino también a varias empresas importantes del país y como ejecutivos de las mismas.

Si bien, la mayoría de los gremios se ha pronunciado apoyando el combate contra la corrupción, han faltado iniciativas que demuestren a la sociedad un compromiso mayor, sobre todo contra los empresarios que transgredieron la legalidad. Por ejemplo, qué pasó con el programa “Cero Sobornos”. No se trata de una cacería de brujas o de cerrar las empresas incursas en delitos, pero sí sanciones claras. En ese sentido ha sido positivo el creciente interés que ahora tienen las compañías por el esquema de compliance.

Frente al anterior problemas y a otros, la actitud gremial ha sido fundamentalmente reactiva y los pronunciamientos, con algunas excepciones, respondieron principalmente a la coyuntura, más que a propuestas que vayan hacia el mediano y largo plazo.

Uno de los últimos esfuerzos fue el intento desde el Consejo Privado de Competitividad de presentar un conjunto de medidas. Sin embargo, desde que se en tregó a fines de noviembre el informe en la última CADE, las iniciativas han vuelto a ser parte de los muchos documentos se han elaborado en los últimos años desde el sector empresarial.

Hay otros gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, que tienen una presencia más continua e incluso con foros de debate, como el reciente Quo Vadis, pero todavía falta ‘punche’ para que las propuestas logren formar parte del debate nacional. Similar es el esfuerzo que se hace también desde la Sociedad Nacional de Industrias, y desde la Asociación de Exportadores, pero con poco impacto.

La última encuesta de Datum elaborada para Gestión revela que el 47% de los peruanos considera normal la relación entre el gobierno del presidente Vizcarra con el sector empresarial. Aunque esa percepción puede ser engañosa, dado que más de un ministro de las carteras clave del gabinete Del Solar no es muy proclive a sostener reuniones con los gremios.

Esta percepción de la relación calificada como normal es mayor en el nivel socioeconómico A/B. Solo el 23% en el país considera que la vinculación es distante, mientras un 22% percibe que más bien es cercana. Los diversos intereses empresariales siempre han resultado difíciles de representar, razón por la cual algunos gremios se retiraron en la década de los 90 de la Confiep. A lo anterior se suma la percepción en varios estamentos de la sociedad de que los empresarios principalmente hace lobby, entendiendo esto último en su percepción negativa.

Ahora que además de la lucha anticorrupción está en la agenda la recuperación de la institucionalidad del país, los empresarios tienen la oportunidad de aportar.

 

 

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