Exacerbación

A medida que el ruido político comienza a impactar en mayor medida en la agenda económica del país, la inversión privada se empieza a resentir. Esa es una de las conclusiones que presentamos hoy en esta edición con el informe de Apoyo Consultoría en base a los resultados del último sondeo del SAE.

 Un ejemplo es la cuestión de los peajes. El alcalde Jorge Muñoz –cuya labor se caracteriza por marchas y contramarchas tal como ocurrió con las obras de la Vía Expresa Sur–, la semana pasada, puso en tela de juicio la continuidad de los contratos de concesión de Rutas de Lima y de la Línea Amarilla, con lo cual dejó la percepción en la ciudadanía que no iban a continuar los peajes en ambos casos.

 Sospechas de irregularidades y hasta de corrupción desde que se firmaron ambos contratos han existido, sin embargo, hasta el momento no hay un caso firme y aún estamos lejos de una sentencia judicial.

 ¿Esto significa que los contratos no puedan ser revisados? Pueden y deben ser revisados, pues una de las enseñanzas que dejan los casos vinculados a Lava Jato es que más daño hacen las sospechas no resueltas y permanentes, que las investigaciones y posteriores sentencias judiciales.

Sin embargo, el camino que se adopta no siempre es el mejor, pues sin evaluar las consecuencias de una decisión, con declaraciones al paso se deja la sensación en la población de que los peajes en ambas rutas ya no seguirán. Y si bien un país, en casos de corrupción tiene que asumir los costos de la lucha contra ese flagelo, tampoco debe descuidar el respeto a los contratos firmados.

 Lo anterior resulta impopular en estos momentos, pero es necesario recordárselo sobre todo a las autoridades que tienen esa obligación. Por eso preocupa que también el presidente Vizcarra, aunque con menos énfasis que el alcalde de Lima, haya declarado en el mismo sentido.

 Es indudable que la forma como se firmaron dichos contratos, sus características y las transferencias accionarias no fueron lo suficientemente claras. Y por eso lo más conveniente era formar una comisión en el municipio de Lima para evaluar la situación y, si hubiese la necesidad, plantear una modificación o tal vez hasta una anulación.

 Pero lo que no se dice es que, aunque los actuales concesionarios dejaran de administrar las rutas, el municipio tendrá que seguir cobrando peajes. Es decir, el servicio no puede ser gratuito.

 Lo que ocurre es que hay una exacerbación tras conocer toda la corrupción ocurrida a nivel de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Y se tiende a generalizar que la mayoría de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, son corruptas. Y eso no es así. Las que cometieron delito tendrán que asumir las consecuencias. Pero no son todas las que operan en el país

 Asimismo, es necesario remarcar que las concesionarias no han sido eficaces en enfrentar las inconsistencias que pueden tener los contratos, tanto en la tarifa de peajes, como en el hecho de que los residentes de Puente Piedra tengan que pagar por salir y regresar a sus hogares.

La exacerbación también ocurre porque el Gobierno del presidente Vizcarra hasta el momento no asume una solución sobre este problema que no solo se da en Lima. Desde mayo del 2018 surgieron incidentes por el peaje en Ticlio otorgado en concesión y que hasta hoy no se resuelve. ¿Adoptará el Gobierno esta vez una solución global o seguirá pateando el problema hacia adelante?