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Más allá del diagnóstico

En las últimas semanas, se ha pues­to de relieve la necesidad de que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ponga mayor atención en la agenda económica, al mismo nivel que pone énfasis en las reformas políticas y judiciales para el referéndum del próximo 9 de diciembre.

La preocupación se debe principalmente a que todavía no salimos claramente de la desaceleración de la economía que ingresamos a partir de julio. Los datos del crecimiento de 2.13% en setiembre, así como menor creación de empleo formal y el descenso de las ventas de los vehículos nuevos, son indicadores de que se requiere una política más agresiva.

Más de un empresario comenta su desazón por el actual avance de la economía. Pero además, por el poco interés desde la administración Vizcarra para impulsar alguna reforma económica. Por ejemplo, hasta el momento no se ha renovado la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, pese a que este año habrá récord de envíos al exterior de varios productos.

A lo anterior hay que añadir la falta de diálogo de varios ministros con los agentes económicos, que la semana pasada alertó el propio presidente del Banco Central de Reserva (ver editorial).

Mientras tanto, se espera que el plan de competitividad que presentará el Ministerio de Economía sea algo más que un documento diagnóstico, pues de lo contrario habrá que esperar quizás un año más para contar con medidas concretas.

Varios de los problemas que afectan hoy a la economía, de una u otra manera, ya se encuentran diagnosticadas. Sin embargo, poco se dice cómo superar los problemas. Así, cuando se habla de flexibilización de la legislación laboral, se fundamente las razones pero son escasas las políticas que permitan llegar a ese objetivo.

Por el momento, el Gobierno de Vizcarra prefiere políticas de corto alcance, con pocos cambios en el entorno regulatorio y en las capacidades de los funcionarios del Estado. A riesgo de ser reiterativo, Servir se ha convertido en una entidad de brindar cursos de capacitación más que de proveer gerentes que eleven la eficiencia en el manejo del Estado, no solo a nivel de los ministerios, sino sobre todo para los gobiernos regionales y las municipalidades.

Lo mismo sucede en el caso de las modificaciones tributarias aprobadas en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, principalmente con aquello vinculado a la norma que combate a la elusión tributaria. Como bien explicó Armando Lara, presidente de la Comisión de Expertos de la ONU, es necesario combatir la elusión pero la presunción de dolo puede haber sido una decisión extrema.

Es decir, en buen romance, hay varias formas para combatir la elusión, sin necesidad de que la norma sea restrictiva para los agentes económicos.

El próximo 10 de diciembre puede ser un punto de inflexión para ampliar la agenda del Gobierno, en otros temas que también son de urgencia nacional. Pero no hagamos anuncios de que en tres años se pueden escalar 20 posiciones en el ranking mundial de competitividad, pues eso es demagogia más que una meta ambiciosa.

 

 

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