Retos y posibilidades del Gobierno de Vizcarra
La semana pasada fue auspiciosa para el Gobierno de Vizcarra. Logró el voto de investidura del Gabinete Villanueva y empezó a recuperarse el optimismo de los consumidores, según el índice de Confianza del Consumidor de GfK a nivel nacional; y también de los empresarios, tal como se refleja en la encuesta de expectativas mensual del Banco Central. Aunque la reactivación muestra señales alentadoras, todavía es frágil. Por ejemplo, los indicadores sobre el nivel de demanda esperada todavía se mantienen en el tramo pesimista, y a nivel de los consumidores solo en Lima se encuentra en el tramo optimista, pese a la recuperación registrada.
El próximo martes 15 se conocerá la evolución del PBI de marzo y con ello se tendrá una mejor foto de cuánto afectó la crisis política en el primer trimestre del año.
Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta el embate de quienes siguen considerando que es poco ambicioso. La pregunta es si está en la capacidad de asumir el reto de iniciar reformas económicas, más allá de lo expuesto por el presidente del Consejo de Ministros. Todo indica que no, pues Vizcarra se ha impuesto la tarea principal de poner la casa en orden y llegar al 2021. No hay que minimizar lo que significa retomar el dinamismo de la economía y lograr la consolidación fiscal hacia el 2021. Quizás la única reforma en la que se exigirán resultados será la tributaria, dado que es la condición necesaria para evitar riesgos futuros.
La exposición de Villanueva si bien fue aprobada por 94 votos, en términos de reformas se concentró más en la lucha anticorrupción, inclusive señalando que las propuestas en ese campo recién se presentarán en los próximos 180 días. Y es que luego de observar las marchas y contramarchas en temas como los peajes de las concesiones viales y el relanzamiento del proyecto de Tía María, queda claro que el actual Gobierno, al igual que en el campo político, rehúye los conflictos.
Justamente, Vizcarra acaba de declarar que una política de flexibilización laboral puede generar temor entre los trabajadores y por tanto plantea tener cuidado. Es decir, nuevamente rehúye ese tipo de retos que demandan un mayor trabajo político y con la población que una reforma tributaria. No hay duda de que una reforma laboral es muy necesaria, ¿pero cómo un Gobierno como el actual puede asumir ese reto si no está convencido, más allá inclusive de la oposición que pueda tener el ministro de Trabajo? Por ahora, solo hay algunas declaraciones aisladas en el Congreso a favor de medidas laborales.
Además, las tareas del corto plazo no resultan fáciles de llevar a cabo. Hoy ya son 26 días desde que venció el plazo para publicar el reglamento de la Ley 30737 que reemplaza al DU 003, pero todavía no se hace. La norma es clave para las empresas de la construcción involucradas o sospechosas de corrupción.
La próxima batalla del Ejecutivo será lograr el mayor número de facultades solicitadas al Congreso, lo cual significa que más allá de Villanueva, los ministros dejen su perfil bajo y defiendan la necesidad de obtener las facultades. Ahora se sabrá qué tanto la distensión del Congreso se refleja en la aprobación de las facultades.