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Reformas impostergables en el Congreso

“La reforma también debe implicar la contratación por concurso de los asesores en el Congreso, pues muchos de ellos llegan por favores políticos”

La reciente crisis política puso en evidencia, una vez más, que el Congreso de la República está lejos de ser la institución por la que los peruanos sentirían orgullo. Y es que no solo la conformación del actual Parlamento, sino también la de otros en años anteriores, dejan mucho que desear.

Uno de los temas en que se hace mayor hincapié es en la necesidad de introducir modificaciones a la legislación para establecer candados, a fin de eliminar, por ejemplo, los financiamientos de dudosa procedencia. Hasta el momento, en los últimos 17 años no se ha podido dar ese paso y más bien pareciera ser que los integrantes del Parlamento hacen suya aquella frase de que “otorongo no come otorongo”. Esta situación lleva a que ya se debatan iniciativas para retirar la inmunidad a los parlamentarios, dadas las múltiples denuncias que los agobian, inclusive con sospechas de vinculación con el narcotráfico.

Sin embargo, no solo se requiere una reforma política, sino también cambios profundos en la manera de organización y actuación del recinto de la Plaza Bolívar.

En Chile, por ejemplo, según informa el diario Pulso, actualmente se discute el diseño de la Oficina Presupuestaria 2.0 que se intenta instalar en el Congreso de ese país con el objetivo de realizar una mejor fiscalización de los informes de ingresos y gastos que realiza el Ejecutivo cada año. Esta propuesta es una de las recomendaciones de la OCDE y cuenta con el apoyo del BID. La importancia del tema es tal que la semana pasada se convocó a una reunión de expertos en la que participó el contralor de la República del Perú, Nelson Shack, quien antes asesoraba en estos temas al Banco Mundial.

En el Perú es común observar que una buena parte de las iniciativas legislativas que se presentan son calco y copia de proyectos pasados o con sustentación ‘copy paste’ de documentos obtenidos de Internet. Pero no solo eso deja mucho que desear, sino también el análisis costo beneficio de lo que se presenta, pues no se ofrece un riguroso sustento técnico y se terminan aprobando proyectos sin tener en cuenta las implicancias en el erario nacional. De eso se puede dar cuenta cada mes con la luz verde que se otorga en el pleno a iniciativas de índole populista.

El actual presidente del Congreso, Luis Galarreta, que en las últimas encuestas ha tenido una leve mejora de su aprobación, tiene la oportunidad en esta segunda legislatura de iniciar cambios cualitativos, como los que se discuten en el Parlamento chileno, más aun cuando en el pasado ha sido presidente de la Comisión de Economía y conoce los riesgos de aprobar proyectos sin sustento técnico.

Si no reaccionan los miembros del Congreso que no están vinculados a las denuncias que semana a semana revela la prensa, entonces pueden terminar siendo cómplices del descrédito, que no solo afecta a sus actuales integrantes sino que tiene una repercusión en la democracia. La reforma también debe implicar la contratación por concurso de los asesores en el Congreso, pues muchos de ellos llegan por favores políticos más que por meritocracia. 

 

 

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