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El lunes pasado, tal como estaba previsto, se presentó el informe final de la Comisión de Protección Social. Pese a las expectativas que se tenían, las recomendaciones no generaron entusiasmo y más bien la mayoría de los comentarios fueron críticos en el evento que convocó el Ministerio de Economía, lo que abre la posibilidad de que las sugerencias corran el riesgo de convertirse en un documento más que se alojará en Internet.

El fuego cruzado provino tanto por los cuestionamientos a los planteamientos técnicos, como por los problemas de financiamiento, dada la debilidad fiscal que afronta el país.

Sin embargo, tal como dijimos hace siete días, más allá de los cuestionamientos al informe, puede ser la oportunidad para debatir y sobre todo plantear alternativas. Bien hace la ministra de Economía al señalar que es importante “un consenso social y político” para que luego a partir de allí se puedan diseñar los instrumentos de las soluciones a las que se arriben. La tarea no es fácil, pero la situación en que está el sistema de pensiones y el sector Salud demanda abocarse al reto desde ahora.

Uno de los temas que generó mayor controversia fueron las propuestas de reforma en el sistema de pensiones que básicamente se centraron en sugerir un nuevo esquema de la organización del ahorro previsional, que fue calificada por la Asociación de las AFP como de alto riesgo y hasta llegar a decir que los fondos de los afiliados pueden ser nacionalizados si se llevara a cabo la reforma tal como se presentó.

En cambio, se debatió poco sobre las propuestas para que los trabajadores independientes pudieran acceder a una pensión u otras alternativas para aumentar la cobertura, precisamente uno de los objetivos fundamentales de la reforma.

Sobre estas últimas preocupaciones debe encaminarse inicialmente el debate. No se trata solo de ponerse en la posición de francotirador, sino también de brindar opciones.

Y es en esta tarea que las AFP tienen que cumplir un rol. En esta edición se presentan algunas acciones que adoptarán para afrontar los problemas, pero no son parte de una propuesta integral. En el 2012 cuando también se debatían cambios durante el gobierno de Humala, las AFP tuvieron una actitud pasiva y finalmente se aprobaron cambios en el Congreso que estuvieron lejos de resolver los problemas, es más, se puede decir que los ahondaron.

La situación se ha agravado porque el Parlamento aprobó en el 2016 la posibilidad de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retiren el 95.5% de sus fondos, una vez que alcancen la edad de jubilación, con lo cual se dejó una espada de Damocles, más aún cuando hay propuestas para que no sea obligatoria la afiliación a un sistema de pensiones.

Mejorar el cobro de los aportes o la atención a los afiliados son insuficientes para afrontar la poca cobertura. En la exposición que hizo Augusto de la Torre, miembro de la Comisión de Protección Social, hizo hincapié que hay en el país la percepción de que las AFP obtienen “jugosas ganancias”. Cambiar esa percepción exige dejar de actuar detrás de bambalinas, discutir propuestas y plantear alternativas. No solo a través de especialistas, sino los propios directivos poniendo el pecho.

Lo que debe quedar claro es que ya no se puede mantener el statu quo, más allá de las dificultades fiscales que se tengan para financiar cualquier propuesta.

 

 

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