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6%, el número mágico para la educación

La huelga de los maestros radicales fue suspendida el sábado, pero la situación del sector continúa difícil, ya que su principal producto: el nivel de enseñanza, está lejos de tener la calidad que los educandos requieren.

Empezó en junio en el Cusco, para luego irse extendiendo paulatinamente en el resto del país. Durante casi tres meses, el debate dominó parte de la agenda nacional y el país fue testigo de una serie de pronunciamientos, cifras y evaluaciones sobre la marcha de la educación. Más allá de las diferencias en los análisis, hubo un común denominador: hay que destinar 6% del PBI a la educación pública, aunque los huelguistas sin ofrecer ninguna sustentación demandaban 10% del PBI.
¿Cómo llegamos al 6% que se fijó en julio del 2002 en el Acuerdo Nacional durante el Gobierno de Alejandro Toledo? Poco se sabe, pero ha pasado a ser un número incuestionable, como si bastara asignar ese presupuesto para salir del hoyo en que se encuentra la enseñanza.

No menos cuestionable es que nuevamente el debate se haya centrado en las remuneraciones de los docentes y poco en la discusión de la calidad de los profesionales que laboran y, sobre todo, del producto que buscamos: un joven que sea capaz de competir en el siglo XXI.

El blog Kaleidoscopio de la Universidad Católica resume cómo se llegó al número mágico del 6%. Recuerda que el consenso político fue recogido en el documento de políticas de Estado del Acuerdo Nacional, estableciéndose que de llegar a 18% de presión tributaria el presupuesto al sector educación debe alcanzar el 6% del PBI. Ojo con la condición, pues actualmente estamos lejos de ese nivel de presión tributaria.

Y, desde entonces, el número mágico quedó fijado y pobre de aquel que sostuviera lo contrario, aunque nunca haya quedado claro una justificación técnica de por qué debe ser 6% del PBI. El mismo blog menciona como antecedente del porcentaje un informe de 1996 presentado en la Unesco, en el cual se planteaba, entre otras cosas, que por lo menos el 6% del PBI de una nación se destine a gastos en educación. Y al parecer, así fue consagrándose en más de un país.

Sin embargo, es momento de debatir y definir nuevos parámetros de asignación, que no necesariamente pueden terminar sujetos al PBI ni tan solo como un porcentaje asignado del presupuesto. Esta tarea debe exigir un sustento solvente. Después de todo, el sector educación ni siquiera puede gastar el 100% de su presupuesto de inversiones cada año.

Hasta ahora, la discusión de la reforma educativa iniciada en el 2007 se aboca principalmente en las remuneraciones, que nadie duda que son bajas y es necesario que se incrementen. Pero no de la manera como aún se realiza.
Por último, en las dos últimas semanas el país fue testigo de la resistencia de los huelguistas a una evaluación, pero también de las deficiencias que tiene el sistema que lleva a cabo el Ministerio de Educación, que siendo necesario e ineludible, debe mejorarse. Es momento para que el diseño de evaluación a los docentes se modifique, pero sin que signifique su eliminación. Los partidos políticos tienen la oportunidad de mostrar a sus técnicos para esta tarea, salvo que no los tengan.

 

 

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