La difícil gobernanza

La semana pasada, la agencia Moody’s mantuvo la calificación de riesgo del Perú con una perspectiva estable. Se trata de una buena noticia porque el país puede seguir en el radar de los inversionistas pese a la desaceleración que aún muestra la economía.

Conseguir que el Perú se mantenga con grado de inversión, en momentos que otros países de la región han enfrentado una rebaja de su calificación, debe ser uno de los objetivos que de ningún modo el gobierno de Kuczynski puede permitirse el lujo de fallar.

En el informe de Moody’s, además de destacar la estabilidad macroeconómica, la resiliencia del país a los shocks que enfrentó, advierte que continúa pendiente el reto de mejorar la gobernanza. Si en un fortalecimiento significativo de esta será muy difícil elevar la calificación.

Simultáneamente al informe de Moody’s, el Ministerio de Economía presentó el Marco Macroeconómico Multianual para el periodo 2018-2021.

Las primeras reacciones han sido en parte de incredulidad respecto a las proyecciones fiscales, a la posibilidad de que un aumento de 10% en la inversión pública pueda llevar a un incremento de 7.3% en la inversión privada, a la falta de reformas más agresivas en el campo laboral, entre otros cuestionamientos.

El Gobierno ha respondido señalando que su principal preocupación es la reactivación de la economía en los próximos 18 meses y en la apuesta de que el próximo año se revertirá la caída de la inversión privada.

Lo que no está en la agenda es cómo con una débil gobernanza, se puede enfrentar tareas en una administración de marchas y contramarchas como es la de Kuczynski, tal como ha quedado demostrado en la huelga de maestros que aún persiste, todo ello reflejado en la caída de la popularidad presidencial a 19%, según la última encuesta de GfK.

Por el lado de la oposición , el panorama tampoco es muy alentador. Los partidos no tienen propuestas mejores que las del Gobierno frente a temas tan sensibles como las reivindicaciones salariales a los maestros y la evaluación. Varios de los líderes de dichas agrupaciones se comportan principalmente como analistas políticos y disputan espacio en Lima con los columnistas de opinión en la televisión, radio y prensa escrita.

Muy pocos hacen labor en el interior del país, a diferencia de los movimientos radicales que sí hacen política y, por ejemplo, desde Cajamarca se desplazan por todo el país. Es decir, tanto el Gobierno como gran parte de la oposición prefieren los titulares en los medios a una relación directa con la población.

Bajo ese entorno, impulsar reformas no resulta fácil, pues no se trata, como bien dijo Norman Loayza, del Banco Mundial, hacer a toda costa y de cualquier modo la reforma para reducir la informalidad. Hoy, se requiere una capacidad de respuesta mayor frente a la resistencia que se da a cualquier cambio, que supera a la que se tuvo en la década de los 90. Sobre todo cuando el principal partido de la oposición tiene varios sesgos populistas en sus propuestas.

Podemos seguir discutiendo las cifras del MMM y la necesidad de las reformas, pero si no se asume la reforma política para mejorar la gobernanza y la institucionalidad en el Estado, el debate se vuelve estéril, pues la clase política no lo hace propio o cuando llega al poder cede a las presiones o tiene miedo de asumir una agenda de cambios.