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La polémica generada por Pura Vida tendrá un impacto más allá de la empresa Gloria y más allá de la industria láctea, pues su repercusión alcanzará al comportamiento de entidades como Indecopi y Digesa y a las propuestas de cambios en la legislación .

Una decisión adoptada por las autoridades de Panamá originó todo tipo de reacciones, desde aquellas que cuestionaban la información insuficiente y que daba pie a la denuncia de publicidad engañosa hasta quienes especulaban de que algunos insumos utilizados por la industria eran nocivos para la salud sin mostrar ningún informe científico creíble que respaldara tales afirmaciones.

Indudablemente, la reputación más dañada fue la de la empresa, que no dio todas las respuestas que se esperaba de lo que se considera una ‘lovemark’. Hoy los consumidores son muy sensibles y por eso las empresas no pueden descuidar su relación con los ‘stakeholders’. Maximizar la transparencia y reconocer los errores, como señala Milton Vela en gestion.pe, es una de las lecciones que deja este caso.

Pero no solo se afectó a la firma en cuestión, sino también al resto de la industria láctea, pues se hizo evidente que problemas similares también enfrentaban el resto de marcas. Ha tenido que ocurrir el caso de Pura Vida para que la Sociedad Nacional de Industrias anunciara que los fabricantes de alimentos incorporarán obligatoriamente información nutricional y una guía alimentaria en todos sus productos a partir del 2018. Puede ser que esta acción ya haya estado prevista realizarse, pero poco se hizo para destacarla.

Por el lado de las autoridades, el comportamiento de Digesa e Indecopi ha estado muy lejos de lo que se puede esperar de entidades públicas, pues no solo no actuaron a tiempo, sino que dejaron en evidencia que estuvieron ausentes acciones de vigilancia a los que por ley están obligadas.

Actualmente está pendiente de publicarse el reglamento de la Ley 30021, llamada Ley de Alimentación Saludable. También está en agenda el debate de varias iniciativas en la Comisión Agraria, entre ellas el proyecto que restringe la utilización de la leche en polvo y la carragenina para la producción de leche evaporada. Además, el Ministerio de Agricultura está próximo a promulgar un nuevo reglamento de la leche y productos lácteos. Más de una de estas normas llevan varias críticas.

Por ejemplo, la Ley 30021 desde que se debatió en el Congreso fue considerada por el empresariado como poco técnica y desde entonces ha tenido la oposición principalmente del sector industrial.

Lo cierto es que la definición de alimentación saludable siempre fue el talón de Aquiles de esta ley. Aún así, una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Humala fue dejar listo un proyecto de reglamento, que la administración Kuczynski todavía estudia a través de una comisión. Ha llegado el momento de que se adopte una decisión, y si se considera necesario realizar cambios en la Ley 30021 que se proceda a los mismos y que no se siga dilatando.

Las empresas, el Gobierno y los consumidores deben haber aprendido varias lecciones, y una de ellas es que en una economía de mercado una característica es que haya información suficiente y eso está lejos de cumplirse en el Perú.

 

 

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