Relaciones peligrosas

Hoy la Contraloría General de la República dará a conocer su informe sobre la adenda de la concesión del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Su repercusión no solo definirá el destino de Martín Vizcarra en el despacho de Transportes y Comunicaciones, sino también el rol que tendrá a futuro el organismo fiscalizador.

En enero, advertimos -cuando nos pronunciamos contra la adenda al contrato de Chinchero- que si bien era importante la labor de la Contraloría, la decisión adoptada por Vizcarra para que dicho organismo tenga la última palabra, podría constituirse en un precedente peligroso, pues a futuro más de una vez se le va a exigir a la administración Kuczynski que se vuelva a recurrir a la opinión de Édgar Alarcón para definir cualquier paso que tenga que darse en el Gobierno, con lo cual el Ejecutivo habría perdido su capacidad justamente de ejecutar y adoptar medidas. La Contraloría y los organismos reguladores pueden tener opinión vinculante, pero no en todas las decisiones que se adopten.

A lo anterior se suma que está pendiente en la Comisión de Fiscalización el debate de una propuesta legislativa de la Contraloría para que se exceptúe del beneficio de la asesoría legal a los funcionarios que hayan recibido alguna observación. Esa decisión debe ser evaluada con cuidado, pues de ‘‘buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. El combate a la corrupción exige medidas drásticas, pero que no signifiquen posteriormente la paralización de la actividad en el Estado. Y ese es el riesgo que hay con la iniciativa que esta semana se discutirá en el Congreso.

También resulta una relación peligrosa la actitud adoptada por varios congresistas de perforar la caja fiscal con propuestas que demandan mayor gasto y que pueden hacer más difíciles los proyectos que el Ejecutivo planea presentar en los próximos meses para cambios legislativos en el sistema de pensiones, en la protección de salud y en los regímenes laborales.

No se pretende recortar la facultad parlamentaria de presentar proyectos, pero sí llamar la atención del impacto que puedan tener en un año de un crecimiento débil y en momentos en que la recaudación fiscal, desde hace varios meses, aún no levanta cabeza. Un correcto análisis costo-beneficio ahora más que nunca es imprescindible.

Por eso, el viernes pasado en G de Gestión advertíamos de que el Ejecutivo tenía que andar con pies de plomo con sus propuestas de reformas, dada la tendencia de las últimas semanas en el Parlamento para presentar iniciativas populistas. El mismo ministro de Economía también ha señalado los sinsabores que más de una de ellas puede conllevar para la economía. Por lo menos, hay 20 que pretenden modificar las legislaciones laboral y de pensiones y que se debatirán en las comisiones, tal como damos cuenta en la edición de hoy.

El manejo que ha tenido el Gobierno de la adenda de Chinchero no ha sido bueno, tanto de fondo como de forma. No debió de haber ocurrido tal como se dio. Pero eso no debería significar que se pongan nuevos obstáculos al Ejecutivo, pues a futuro se sufrirán sus consecuencias. No se puede legislar solo pensando en la actual administración, el Congreso está obligado a tener una visión de largo plazo. Y el Ejecutivo a hacer política con los congresistas.