Empresas públicas: el debate que se evita

La revelación que dio a Gestión el presidente de Petroperú sobre el monto que finalmente se destinará a la modernización de la refinería de Talara ha despertado, como era de esperarse, los cuestionamientos a la obra, ya que la cifra de US$ 5,400 millones que ahora se estima es inferior a la que inicialmente se propuso cuando se planteó el proyecto.

Pero no solo eso, las condiciones en que se hará y el financiamiento que se requerirá traen nuevamente a debate qué hacer con las empresas públicas.

No se trata solo de Petroperú y el proyecto de la refinería de Talara. También se tiene el caso de Sedapal y las inversiones que no ejecuta totalmente pese a contar con los recursos, y así hay otros ejemplos que se pueden mencionar en lo que Fonafe, como holding del Estado, administra. Asimismo, también puede ser el momento de discutir los beneficios de los que gozan los trabajadores de dichas empresas, que enarbolan las banderas de la defensa del patrimonio del Estado, pero que evitan mencionar muchas veces que tienen determinadas condiciones laborales, que en más de un caso implican en la práctica “puestos hereditarios”. Después de todo, las empresas del Estado pertenecen a todos los peruanos y no solo a los trabajadores que laboran en ellas.

Los últimos tres gobiernos, y por cierto el actual también, escabullen el diseño de una política clara sobre las empresas estatales. Más bien reiteran cada vez que pueden durante la campaña electoral que los lleva al poder: que no privatizarán, a fin de no perder votos.

El hecho está que cuando llegan al poder asumen más pasivos que activos. Por ejemplo, el nuevo directorio que se hizo cargo de Petroperú enfrentaba la encrucijada de perder US$ 1,500 millones ya comprometidos si paralizaba los avances de la refinería de Talara o continuaba con la ejecución del proyecto.

Inclusive en un intento de mejorar la situación de Petroperú, el Gobierno aprobó en los decretos legislativos, dados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, que retorne al Fonafe. Sin embargo, rápidamente en el Congreso ya se modificó el decreto respectivo y la empresa petrolera no volverá al Fonafe.

Y es que no solo la bancada de izquierda defiende a las empresas estatales bajo el argumento de que son “estratégicas”, sino también el resto de bancadas, entre ellas el propio fujimorismo.

Por eso esta vez puede ser la oportunidad de discutir el futuro de las empresas públicas, principalmente de las más grandes, y fijar una política de Estado clara sobre ellas. Porque tampoco es eficiente mantenerlas como están si es que finalmente la clase política por miedo a perder votos y a las protestas ha decidido que continúen las más de 35 empresas públicas.

Mientras no haya debate y luego la decisión de una política de Estado, cada cierto tiempo continuaremos lamentando casos como la modernización de la refinería de Talara. ¿Quién le pone el cascabel al gato?