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Gastar y gastar... pero nada más por ahora

Diez días después de la presentación en la CADE de los cinco candidatos que hasta el momento encabezan las encuestas, se puede decir que más allá de propuestas puntuales que pueden ser atractivas, la mayoría de las ofertas electorales están basadas en gastar y gastar los ahorros del fisco.

La palabra reforma está casi ausente, y apenas es mencionada tímidamente en algunos discursos. Lo que sí aparece en todo momento son las propuestas populistas. Pareciera que los candidatos han decidido competir con el Congreso para ver quién lidera el ranking del populismo económico.

La semana pasada ha quedado claro, desde diversas voces, los riesgos de usar el Fondo de Estabilización Fiscal para proyectos de infraestructura, por más importantes que estos sean.
Pero no solo eso, también se ha puesto en evidencia que la situación fiscal del país, sin llegar a ser grave, está lejos de tener la misma solidez que tenía cuando se inició el Gobierno de Humala.

Este carnaval de promesas puede agravarse aún más tras los acuerdos que la mayoría de candidatos, principalmente los que encabezan las encuestas, están suscribiendo con movimientos regionales. Y es que si llegasen al poder se verán presionados a cumplir los ofrecimientos, por más populistas que sean, ya que esos futuros legisladores responden a sus propias agrupaciones del interior del país.

Nadie duda de que es necesario impulsar la inversión pública, pero también es importante que esta se ejecute con calidad, lo que no ha sucedido en los últimos años, y más bien los proyectos han estado bajo sospecha de irregularidades. No es gratuito que el Perú figure en los últimos puestos de los países de la región, y en el ranking del Foro Económico Mundial sobre el pago de coimas en contratos con el Estado. Justamente, la lucha anticorrupción apenas si ha merecido la atención de los candidatos en cuanto a medidas concretas para superar este flagelo.

Quizás sea el momento de recoger propuestas de los analistas que como Ricardo Lago plantea la creación de una comisión de inversión pública con participación de tres directores que sean Premio Nobel de Economía y que tengan poder de bloqueo.

Además, sugiere que un 10% de todo proyecto mayor a US$ 100 millones sea cofinanciado por al menos dos bancos internacionales de desarrollo, a fin de combatir cualquier intento de corrupción. Esta propuesta bien puede ser recogida por algunos de los candidatos o ser perfeccionada.

A todo lo anterior se suma la ausencia de una masa crítica de profesionales capaces en las regiones y municipios para ejecutar la inversión pública. Tal vez sería más conveniente para el país poner en marcha los proyectos mineros que por más de US$ 15,000 millones están detenidos a pesar de contar con los permisos correspondientes. Pero para los candidatos, no se oye padre.

 

 

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