Un zar para los megaproyectos

Los sucesos de Pichanaki la semana pasada nuevamente ponen en evidencia la fragilidad en la ejecución de los proyectos de inversión clave para el país. Luego de más de tres años de gobierno, no debe causar extrañeza la poca eficacia de la administración Humala para enfrentar los conflictos sociales. Lo ocurrido, en el lote 108 a cargo de Pluspetrol, es un ejemplo más.

Lamentablemente no es el único caso. Hay amenazas de algunas comunidades contra Las Bambas, cuya explotación prevista para el primer trimestre del próximo año, es vital para la economía. 

El mandatario cuestionó el fin de semana en Andahuaylas a los dirigentes que amenazan con retomar medidas de fuerza contra el proyecto cuprífero y, por primera vez en muchos meses, dijo que las empresas sí están siendo socialmente responsables, aunque el pasado de algunas todavía tenga un fuerte peso en la percepción de la población.

Esa actitud presidencial es la que se ha venido reclamando y que no se ha tenido en otras ocasiones. Por eso, resulta importante que el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se pronuncie antes del jueves de esta semana sobre las demandas que hay en Vitoc, Satipo y Pichanaki para expulsar a las empresas mineras y paralizar proyectos hidroeléctricos como La Virgen, Yanango, Chivay y Tingo. El manejo del conflicto de la semana pasada obliga al Gobierno a tener una actitud más firme frente a las demandas de los dirigentes radicales de algunos frentes en la zona, que tienen predicamento en ellas.

Pero no solo eso, también se requiere explicar nuevamente que la consulta previa es un proceso obligatorio, pero no vinculante.

Además, es importante que el Gobierno no brinde señales contradictorias ante los inversionistas, como las expresiones que tuvo el titular del MEM durante la asamblea llevada a cabo en Pichanaki.

Sin embargo, estas tareas pueden resultar insuficientes si es que las empresas no cambian de actitud y los gremios que las agrupan no muestran una mayor autocrítica frente a aquellas compañías que no cumplen los estándares que exige la legislación ambiental o faltan al código de ética. Predicar con el ejemplo es también una manera de legitimar los proyectos de inversión.

Hasta ahora la tarea de seguimiento de los proyectos se encuentra en los ministerios y en una comisión del despacho del jirón Junín. Pero muchas veces la agenda de los ministros descuida el avance de los proyectos.

Quizá sea el momento de designar un coordinador, una suerte de zar para los megaproyectos de inversión, a fin de que se facilite la ejecución de los mismos. No se trata de eludir o festinar trámites, sino  más bien de evitar la paralización de aquellas iniciativas que ya están en ejecución y cuentan con la aprobación de los estudios de impacto ambiental y la licencia social.

A propósito, ¿por qué el ministro del Ambiente ha enmudecido si varias de las demandas están vinculadas a su sector?