La necesaria transparencia

En las próximas semanas, se iniciará la construcción del Gasoducto Sur Peruano, dándose así el inicio de lo que puede ser posteriormente el mayor factor de desarrollo para el sur del país: la petroquímica. No está de más recordar que lo que se ha entregado es la concesión del gasoducto, pero no así la petroquímica.

Esta premisa hay que tenerla muy presente, porque se trata del proyecto que será el más grande de la historia peruana. Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha señalado que próximamente se formará una comisión multisectorial para presentar una propuesta del modelo del negocio completo, que deberá culminar con un informe a entregarse el próximo año.

El titular del MEM ya adelantó que la intención inicial es construir dos plantas petroquímicas en base al metano -para la fabricación de fertilizantes y explosivos- y el etano -para promover la industria del plástico-, que implicarán inversiones por más de US$ 6 mil millones. Al interior del Gobierno se reconoce que el proyecto es complejo.

Ya algunos pasos que se dieron desde la administración de Alan García y que luego fueron ratificados por Ollanta Humala, son controvertidos, como la legislación que establece el mecanismo para establecer el precio del etano, que, en buen romance, significa la intervención del Estado. El último fin de semana el ministro Eleodoro Mayorga ya adelantó que se está evaluando establecer algún mecanismo de compensación para que el metano y el etano lleguen a las plantas a precios competitivos.

La interrogante que surge es si ese debe ser el esquema más conveniente para el país, salvo que se piense nuevamente que en el caso del gas natural el fin justifica los medios. Y es que el desarrollo del complejo petroquímico requiere también de decisiones políticas. Por ejemplo, fijar la ubicación final donde se desarrollará, pues hasta el momento se ha establecido una franja que va de Matarani a Ilo, para no despertar controversias en Arequipa y Moquegua.

Pero se necesita tomar una definición, pues es obvio que no podrán construirse dos plantas. Otro de los temas de la agenda es la fuente de suministros. Hasta el momento, la empresa china CNPC no ha concluido el cierre del contrato de compra de los activos de Petrobras en el Perú y una de las cuestiones pendientes son justamente las dudas que hay por el poliducto y el manejo del precio del etano.

A todo esto, se suma que además de la labor de Pluspetrol en Camisea, este año se van a perforar nuevas cuentas gasíferas en la zona de Madre de Dios y en la cuenca del río Ene.

Por tanto, el desarrollo de la industria petroquímica no debe recorrer el camino tortuoso que se transitó para los proyectos de Camisea y del Gasoducto Sur Peruano. Se requiere claridad en la propuesta y sobre todo transparencia, de la cual se adoleció en los anteriores casos. En ese sentido, si el Gobierno prefirió realizar una subasta internacional, pese a que ya una empresa como Kuntur tenía la concesión, en este caso se debe seguir el mismo camino: hacer una licitación. Esa es la necesaria transparencia.