:quality(75)/blogs.gestion.pe/palabradegestion/wp-content/uploads/sites/85/2021/11/blogsss.jpg)
Un hueso duro de roer
En su última presentación en la televisión, el ministro de Economía, Luis Castilla, admitió los problemas que está ocasionando la regulación a las empresas -aunque hizo hincapié de que había ámbitos de la actividad económica sin regulación alguna-. Lo cierto es que varias de las quejas vinculadas con trámites y permisos tienen como punto de partida las diversas normas que se han creado en los últimos tres gobiernos, pese a los esfuerzos del MEF por ganar competitividad para el país.
Basta un ejemplo. Tal como reveló Gestión, hace diez días Indecopi identificó un total de 613 barreras burocráticas, de las cuales dos tercios no se han logrado eliminar, debido a que aún se encuentran en apelación por las entidades públicas. Pese a todo, se pudo dejar de lado 209 trabas que significaban un sobrecosto de S/. 131 millones. Todo esto demuestra que la tarea requiere no solo un esfuerzo de las entidades del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y municipios.
El Ministerio de Economía considera que debe haber cierto grado de proporcionalidad en las regulaciones, pues según el tamaño de las empresas, las más pequeñas podrían tener un plazo mayor para adecuarse. Sin embargo, a veces la tarea es más compleja como los casos de la normatividad laboral y tributaria. Hasta el momento, el Estado ha puesto mayor énfasis en las empresas formales y ha dejado prácticamente de lado al mundo informal, lo cual en la práctica, como bien dice el especialista Jorge Toyama, significa tener dos tipos de políticas, lo cual genera distorsiones y debe obligar al Estado a cambiar su orientación. Ya algo se ha avanzado en el tema tributario con los medianos y pequeños contribuyentes. Ahora debe ser el turno de Sunafil para la fiscalización laboral.
Y es que cada tarea de regulación que se genera en el Estado, en cualquiera de sus ámbitos, significa distraer recursos y generar en más de una ocasión ineficiencias, como lo demuestra la Onagi con su supervisión de las promociones comerciales, cuando los esfuerzos debería encaminarse hacia otras áreas como educación, salud y seguridad.
Pero eso no es lo peor. Otras veces, la sobrerregulación genera un caos de competencias. En el último accidente de tránsito en la avenida Néstor Gambetta, prácticamente todas las instancias se sentían desvinculadas del tema, pese a su gravedad. En otros casos, hay entidades públicas de enorme importancia que operan con funcionarios encargados como pasa en la Autoridad Portuaria Nacional. También hay organismos encargados de velar por la transparencia de las licitaciones públicas que son burlados, porque se prefieren que los procesos de subastas sean llevados a cabo por entidades internacionales, inclusive con la conformidad del propio presidente Ollanta Humala.
Cada regulación innecesaria que se crea puede tomar semanas, pero su eliminación tomará años, como ya lo demostró la experiencia en la década de los 90 para desmantelar lo que había desde los años 70. El MEF y el Indecopi deben recibir un mayor respaldo político para este fin, el cual debe convertirse en una cruzada nacional.