Si no fuera por Áncash...

El 28 de julio del 2013, el presidente Ollanta Humala planteó promover el debate del proceso de descentralización. El tema no tuvo mayor atención, tal como lo señalamos hace cinco meses, hasta que los sucesos del gobierno regional de Áncash lo han puesto como uno de los puntos principales de la agenda del país.

El anterior presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tuvo la intención de que la agenda regional pase al primer plano, pero solo quedó en palabras. El actual titular de la PCM, René Cornejo, ofreció el pasado mes trabajar de manera cercana con los gobiernos regionales “en la búsqueda de una descentralización que ayude a dotar de mejores servicios a las regiones”. Por el momento, tiene el beneficio de la duda.

Y es que el actual proceso de descentralización, valga repetirlo, se inició abruptamente durante el gobierno de Alejandro Toledo y durante el mandato de Alan García se aceleró la transferencia de competencias. En ambos casos, se advirtió sobre la incapacidad de la mayor parte de los funcionarios de los gobiernos regionales para asumir esas nuevas tareas.

En octubre se elegirán -o se reelegirán- presidentes y consejeros de los gobiernos regionales, en momentos que se hace cada vez más patente la falta de calidad del gasto, la corrupción y es probable que se multipliquen candidaturas, tras la decisión del Ejecutivo de aumentar los sueldos, sin hacer distinciones ni meritocracia, a nivel de la burocracia regional y municipal.

La falta de interés por los gobiernos regionales no es monopolio del Ejecutivo, sino también de las empresas y de la mayoría de instituciones de la sociedad civil. Las trabas al proyecto Conga generó la esperanza de que hubiera mayor preocupación por lo que sucedía al interior del país. Sin embargo, solo fue focalizada en Cajamarca.

La importancia de la descentralización es mayor de lo que se piensa por los recursos que manejan los gobiernos regionales, entre ellos las transferencias del canon minero, pesquero, forestal, hidroenergético, gasífero y el sobrecanon petrolero.

Todo ello en los últimos cinco años ha mostrado una disparidad como resultado del esquema de distribución de las transferencias, derivadas de los recursos fiscales por la explotación de los recursos naturales, tal como muestra un último estudio del Ministerio de Economía y Finanzas.

La situación del gobierno regional de Áncash debe convertirse en una luz roja para decir basta ya, no solo en el manejo de las autonomías, sino también en la revisión de algunas facultades otorgadas por la legislación actual.

Según el MEF, más o menos, el 30% del presupuesto nacional se pierde por corrupción y mal uso de los recursos públicos. Por cierto, no se trata de volver al centralismo de antaño, pero es imperativo revisar la normatividad. La tarea, como otras reformas en el Perú, no es fácil, porque los gobiernos regionales se han convertido en feudos, mientras que los congresistas solo buscan mantener el statu quo y con ello conservar sus curules. Lo peor es que la mayoría de los partidos políticos han abandonado la lucha. Por tanto, otros actores sociales tendrán que asumir la labor de reforma.