Una pesada herencia

Uno de los mayores errores que tuvo el segundo gobierno de Alan García fue el recorte y luego el congelamiento de los sueldos en el sector público, medida que afectó principalmente a los funcionarios calificados, muchos de los cuales se fueron al sector privado. Si bien en algunas entidades, como la Contraloría, se elevaron los ingresos por encima del tope fijado, en la mayoría de los casos el decreto supremo de la administración aprista fue una pesada herencia que recibió el régimen de Ollanta Humala.

Es por eso que fue un paso adelante que el año pasado se aprobara la nueva legislación sobre el servicio civil en el Estado, que los gobiernos anteriores no lograron pasar de los anuncios a los hechos. Y aunque la actual norma puede perfeccionarse, tal como dijimos el año pasado, es un claro avance. Sin embargo, su implementación requiere de una gran dosis de voluntad política. Actualmente está al voto en el Tribunal Constitucional una demanda para declarar inconstitucional aspectos de la ley. En caso de que la sentencia sea desfavorable al Gobierno, los empleados públicos podrán negociar sus aumentos salariales.

Pero lo que más va a generar polémica en estos días es el decreto del fin de semana que incrementa las remuneraciones para los ministros, viceministros y otros altos funcionarios, tanto por el monto, como por la falta de explicación adecuada.

La decisión era necesaria, pero ha sido tan mal comunicada que políticamente puede borrar los ocho puntos en que aumentó la popularidad presidencial, según la última encuesta de Pulso Perú. El presidente del Consejo de Ministros estuvo en la mañana del sábado en RPP y perdió la oportunidad de dar cuenta de la medida. Recién en el transcurso de la tarde de ese día, el ministro de Economía salió a explicar, pero sin convencer, lo que ha dado pie a críticas de tipo populista.

Era cada vez más impostergable un alza de las remuneraciones para los funcionarios públicos, principalmente aquellos de carrera, a fin de detener el éxodo. Y es que sin profesionales capaces y bien pagados, resulta difícil pedir mejores resultados. Por eso mismo es demagógico enfrentar los reclamos, por cierto también justos, del resto de la administración pública con la decisión adoptada el sábado pasado. Lo segundo pasa por evaluaciones y meritocracia.
Queda ahora al Gobierno salir a explicar, y sobre todo convencer, de la necesidad de la medida. Y queda también a la opinión pública, el Congreso y a los medios de comunicación, una mayor fiscalización del gasto fiscal, sobre todo de la idoneidad profesional de aquellos funcionarios que tendrán un mayor sueldo.