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A finales del 2015 se celebró el Acuerdo de París, en el que 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.

Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC. De seguir viviendo al ritmo en que venimos haciéndolo, alcanzaríamos los 2 grados de aumento de temperatura (tomando como base la etapa pre-industrial) y con ellos, las condiciones climáticas harían muy difícil la subsistencia de cualquier tipo de vida.

El Perú se comprometió a reducir sus impactos en 30%. El 20% se asumirá con esfuerzos y presupuestos nacionales y el 10% adicional se condicionaría al financiamiento que provenga de los países desarrollados.

 

Se entiende que más de un 60% de las metas nacionales debería provenir de la gestión privada, pues son las que más impulsan el desarrollo y por lo tanto generan una importante cantidad de gases efecto invernadero, pero a la vez, tienen mayor capacidad para invertir en innovación y en un redireccionamiento hacia un desarrollo resiliente, mitigando sus impactos ambientales y adaptando su operación futura a las nuevas condiciones de juego que impondrá el cambio climático.

Se tienen identificados los sectores en los que el Perú tiene que enfocar sus esfuerzos: forestal, pesquero, agricultura, procesos industriales, energía, transporte y residuos. La PCM creó en 2015 una comisión multisectorial adscrita al MINAM para construir una estrategia transversal y coordinada que genere acciones que a la vez nos encaminen hacia las metas comprometidas en el Acuerdo de París.

Con este conocimiento, es imperativo difundir los lineamientos generales para encaminar las acciones hacia la consecución de las metas climáticas, pero falta una pieza clave en todo este proyecto: la intervención y el involucramiento de la empresa privada.

Es preocupante que información como las metas, los sectores críticos y los lineamientos básicos no hayan llegado a los líderes empresariales, pues en diversas entrevistas sostenidas con empresarios peruanos en las últimas semanas dejaron ver su falta de conocimiento e información sobre cuáles son los compromisos adquiridos, en qué forma los mismos afectan sus respectivos sectores y sobre todo, cuál es el rol que ellos deberían jugar.

El Estado debe crear el marco para fomentar la participación de las empresas, generar confianza, establecer metas claras, facilitar el acceso a instrumentos financieros (APP, OxI, entre otras) e innovar con incentivos y reconocimiento a las empresas pioneras que generarán la reacción en cadena. Es importante que los empresarios puedan alinear sus planes estratégicos con las contribuciones nacionales y obtengan para esto toda la guía y apoyo necesarios.

La campana de inicio sonará en 2020, que es cuando los países del Acuerdo empezarán a ejecutar los proyectos que supuestamente se están desarrollando desde que cada uno firmó y ratificó su compromiso.

Por Luciana Puente, miembro de L+1

Artículo que será publicado en la próxima edición de la Revista Stakeholders

 

 

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