Fiscalización del Sistema de Justicia

Hace pocas semanas, Waldemar Cerrón propuso que existiese una comisión en el Congreso encargada de fiscalizar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Esta propuesta ha despertado la ira de múltiples instituciones, incluidas no solo las “fiscalizadas”, sino el colegio de abogados y varios otros conocidos abogados, políticos y analistas, así como -aparentemente- la mayoría de la opinión pública. Pero, ¿realmente esta fiscalización debería ser un tema de preocupación?

- El sistema de justicia sí necesita ser fiscalizado en mayor extensión

Escándalos recientes como el aparente desbalance patrimonial de José Domingo Pérez señalado por un congresista de Fuerza Popular (aquí); otro relacionado a la fiscal -nada menos que “coordinadora del equipo de fiscales anticorrupción”- Marita Barreto (aquí); y, relacionado a la selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (aquí), dejan pocas dudas sobre la necesidad y urgencia de contar con mayor control sobre los agentes del sistema de justicia.

Contrariamente a lo señalado por los críticos de la propuesta, el sistema de justicia en Perú no requiere mayor independencia, sino mayores límites y control a sus funciones (además de incentivos económicos y gestión eficiente).

- La propuesta es redundante

Por otro lado, el argumento de la independencia tampoco tiene sentido en relación a la normativa y funciones actuales del Congreso. El Congreso ya fiscaliza a cualquier persona, sobre cualquier tema de interés pública (artículo 97 de la Constitución). Incluso en meses recientes, el Congreso ha llamado a fiscales a testificar ante comisiones de fiscalización.

Si acaso, las críticas a esta propuesta deberían ir por el lado de la redundancia y la idoneidad del control que haría el Congreso.

- ¿Una comisión de fiscalización del Congreso ayudará a mejorar el sistema de justicia?

Difícilmente, el Congreso es un ente sin legitimidad y sin la capacidad para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. En relación a la legitimidad, tomen en cuenta que el propulsor de esta comisión es Waldemar Cerrón, miembro de un partido señalado por corrupción y crimen organizado, cuyo líder (hermano de Waldemar) es un prófugo de la justicia. En relación a la capacidad, miembros de un congreso que no saben ni qué es ni qué hace el BCR, difícilmente nos dirán nada iluminador o útil sobre las labores de la fiscalía o el Poder Judicial.

- ¿Qué hacer?

Se requiere sacar la reforma de justicia de manos de abogados. El sistema de justicia necesita ser reformado en términos económicos y de operaciones/gestión. Además, se requiere reducir los incentivos para la corrupción, recortando la influencia pública en asuntos privados o semi-privados, incluyendo la construcción de infraestructura. Hoy por hoy, el estado es un botín y los botines atraen a delincuentes.