Grupos paramilitares: el Congreso poniendo en riesgo al país

En 1991, el gobierno de Fujimori dictó el DL 741, que reconocía a los comités de autodefensa, como organizaciones espontáneas que ayudaban al ejército y la policía a combatir al terrorismo, durante la peor época de violencia terrorista en el país. A través de una reciente ley, el Congreso peruano acaba de resucitar dicha figura (con los votos de la “oposición”), pero en un contexto y con unas prerrogativas distintas, que lo convierten en un grave riesgo para la seguridad y libertad de todos.

Contexto

En 1991, teníamos a un gobierno muy comprometido en la lucha contra el terrorismo. Actualmente, tenemos a un gobierno mas bien vinculado a los mismos grupos terroristas que -en el pasado reciente- sufrimos y combatimos como país.

Por si fuera poco, este gobierno -como toda organización ligada al narco-terrorismo de la región- está vinculada al “movimiento bolivariano” (castro-chavista). El movimiento bolivariano -y el mismo SL- se han caracterizado por el uso de grupos armados  (“delegación del uso de la fuerza”), para sembrar el terror, reprimir, secuestrar y asesinar a la población. Castillo no ha sido ajeno a esto. En muchas ocasiones, él y sus ministros han expresado su deseo de organizar y financiar grupos armados, desde “ronderos urbanos”, hasta milicias, pasando por “serenos armados”. Tal es el interés de Castillo por estos grupos que incluso lo mencionó en su mensaje a la Nación del 28 de Julio. 

Por otro lado, ¿cuál es el peligro actual que justifica contar con fuerzas extra, distintas a las fuerzas armadas? El propio Gobierno ha mencionado que está replegándose del Vraem y espera no tener bases hacia 2026. Esto ha sido advertido como un peligro por el ex jefe de la Dircote, Baella. Si bien esto es cierto, la situación actual no es equiparable a la de 1991. Se requiere prevenir y contener el avance del narco-terrorismo, pero no estamos desbordados de violencia aún (los que antes empuñaron armas, hoy están en el poder).

Finalmente, esta norma se dicta ad portas de las elecciones municipales, con el control del sistema electoral en seria duda. Es muy probable que candidatos ligados al gobierno -directa o indirectamente- tomen el control de los gobiernos locales. En ese contexto, ¿queremos que las municipalidades tengan la posibilidad de financiar a milicias armadas? Como veremos enseguida, esa es una de las características de esta nueva ley.

El detalle

Territorio: a diferencia de la norma de 1991, la ley aprobada por el Congreso no es clara acerca de la delimitación territorial de los CAD (si bien menciona lo rural, luego hace referencia a los estados de emergencia y hasta menciona que la estructura de éstos es “local, provincial, regional y nacional”). Esto representa el peligro de que estos grupos paramilitares puedan venir a la ciudad. Si bien existe la limitación del “estado de emergencia”, vemos la facilidad con la que el Ejecutivo los dicta.

Funciones:  en 1991 estaban circunscritas a la lucha contra el narco-terrorismo, pero hoy también pueden combatir la criminalidad “común”. Esto es muy grave, es una delegación demasiado amplia, que termina contraviniendo el principio de “monopolio del uso de la fuerza” en el Estado.

Armas: en el pasado, solo podían usar rifles de caza calibre 12 Gauge. Ahora, los CAD podrán usar cualquier arma autorizada por el Minter. Esto es peligroso e ineficiente. Es peligroso porque da acceso a muchas más armas (más poder) y es ineficiente porque al haber muchas armas, será más difícil supervisar el cumplimiento. Las armas, en teoría, se devolverán al no haber estado de emergencia, pero existe un alto riesgo de incumplimiento.

Gobiernos locales: como ya vimos, la norma actual “ata” los CAD a las municipalidades, que pronto podría estar en manos de Perú Libre.

Financiamiento: la norma actual permite el financiamiento por parte de las municipalidades. 

Registro: la norma actual pone mucho énfasis en el registro de CAD, personas y armas, pero ¿qué garantiza que esto se cumpla?

¿Qué hacer?

Ojalá el Congreso mismo pudiera rectificar. En mi experiencia, sin embargo, los congresistas son impermeables a críticas, sea por soberbia o porque realmente no responden a razones, sino a intereses. En este punto, es curioso notar que justamente Perú Libre y JPP han votado en contra. Esto, sin embargo, no debe servir como justificación para una norma que -si se le ve objetivamente- representa un riesgo. Yo llevo meses advirtiendo que Perú Libre actúa de forma cínica y falsa, calculando cada movimiento. En este caso, no es tan difícil predecir como oponerse a una norma como ésta -aunque en el fondo los beneficie- disipa las críticas y ayuda a su causa.

La asociación que dirijo, Regulación Racional, ya presentó hace meses una demanda contra Castillo por el tema “ronderos urbanos”. No imaginamos que el Congreso se convertiría en un enemigo de la sociedad tan alineado a los intereses del Gobierno (pensamos que solo serían “falsa oposición”). Quizá RR deberá presentar una nueva demanda, pero estamos -en gran medida- solos en esta lucha.