¿A quién beneficia el "que se vayan todos"?

A primera vista, uno podría pensar que a todo el país, pues tanto el Ejecutivo como el Congreso sufren de baja aprobación. Sin embargo, el tema no es tan simple. Por un lado, la baja aprobación no es una causa constitucional para reducir el periodo de funcionamiento de una institución y por otro, existen motivos ocultos para esta propuesta. Empecemos por esto último:

Cuando he dicho públicamente que la propuesta “que se vayan todos” apoya al Gobierno, me han replicado “¿qué tiene de malo que se vayan todos?”. Ese no es el punto. El punto es que -en los hechos- “que se vayan todos” significa blindar a Castillo y poner el foco en el Congreso. ¿Por qué? Una forma de traducir esquemáticamente el “que se vayan todos” es que ahora el Congreso debe auto-disolverse para vacar a Castillo.

Algunos creen que reducir el costo político o la fricción que el Congreso debería soportar para vacar a Castillo es algo que facilita la vacancia o alguna salida política a la crisis, pero no lo es. Si el Congreso se auto-disuelve, estaría soportando un costo político incluso mayor que solo vacando. En ese sentido, atar la vacancia a la disolución es hacer la vacancia incluso menos probable. 

Por otro lado, dado que el Congreso no lo hará, será objeto de incluso más críticas. Será visto como oportunista, cuando se le está pidiendo un sacrificio exagerado que no nos da ninguna garantía. Incluso cuando ahora es evidente que esta propuesta es impulsada por el propio oficialismo, personajes como RMP insisten:

Ya hace semanas vengo diciendo que, incluso los que se llaman “oposición”, impulsan esta alternativa sin saber -o sabiendo- que le hacen el juego al Gobierno. ¿Con qué fin?

En relación a este tema, se ha mezclado un argumento pseudo constitucional, según el cual la vacancia de Pedro y Dina llevaría a la disolución del Congreso (no tiene ni pies ni cabeza), con el argumento contradictorio, según el cual se debe hacer una reforma constitucional ad hoc (similar a la que se hizo en 2000 para adelantar elecciones).  Estos “errores” son incluso un indicio adicional de la mala intención detrás del impulso a esta narrativa. Lo cierto es que no existe ningún argumento legal válido para justificar que el Congreso sea disuelto. Nuestra Constitución prohibe expresamente cualquier forma de revocatoria del mandato congresal (artículo 134 de la C93), que no sea por la disolución hecha por el Ejecutivo luego de la negativa de dos confianzas. Así, cualquier reforma para adelantar elecciones del Congreso o interpretación en este sentido, es manifiestamente inconstitucional.

No nos engañemos: el fin no es que se vayan todos, sino que no se vaya Castillo.