El peor Congreso Y el peor Gobierno

Últimamente he leído a muchos diciendo que este Congreso es “el peor de la historia”. No lo sé. Pero sí sabemos que es muy malo. También sabemos que -de alguna forma- es un producto del actual gobierno. Por otro lado, este Gobierno tampoco se salva. No sabemos si es el peor Gobierno de la historia, pero sin duda uno de los peores, que nos ha llevado a nada más y nada menos que la peor combinación -a nivel mundial- entre pérdidas de vidas y económicas por el Covid-19.

En los últimos días, tanto el Congreso como el Gobierno nos han regalado normas para llorar. Voy a comentarlas para poner, en una vez más, en evidencia su ineptitud:

El Congreso acaba de dictar una ley que modifica el delito de especulación y revive delitos de acaparamiento y “abuso de poder de mercado”.  Sobre esta absurda Ley, ya he tenido la oportunidad de comentar en Perú 21. Resumiendo: 

- Es muy probable que la norma no se aplique, por la dificultad técnica y conceptual de hacerlo. Por un lado, los delitos no están bien definidos y, por otro, son difíciles de aplicar pues presuponen conocimientos económicos que los fiscales no tienen o requieren hacer cálculos económicos que son materialmente imposibles: ¿cuál es el precio “real” de un bien? Nótese que -para el delito de especulación- antes se requería una lista de precios oficial, pero ya no. ¿Cómo aplicaría el fiscal el delito sin la lista? En este caso, la torpeza del Congreso podría jugarnos a favor. Así, el destino más alentador de esta norma sería caer en el olvido, lo cual dice mucho sobre lo beneficiosa que es para la sociedad. 

- La norma supone una sobre-penalización de un tema que ya tiene respuesta nivel administrativo sancionador: el abuso de posición de dominio y los cárteles son perseguidos por Indecopi. Esto supone la violación de -al menos- dos principios: última ratio y ne bis in idem.

- La norma pone en peligro la aplicación del programa de clemencia de Indecopi. Recordemos que en Perú -a diferencia de Brasil por ejemplo- la clemencia penal y administrativa no se negocian de forma conjunta. Si alguien llega a un acuerdo en Indecopi, aún lo podrían meter a la cárcel luego. Por otro lado, los acuerdos (cárteles) son muy difíciles de detectar, por lo que la fiscalización de Indecopi se apoya mucho en la clemencia. ¿Quién querrá llegar a un acuerdo con Indecopi si esto lo expone a ser sancionado penalmente? Como ya han destacado varios de mis colegas, esta norma pone en peligro -más que ayudar- la lucha contra los cárteles.

Sunedu, una vez más…

Por el lado del Gobierno, una vez más, el que se lleva el premio es Sunedu. La semana pasada escribía sobre el sinsentido de decir que el Congreso -mercantilista- buscaba bajarse al regulador. Hace pocos días, el regulador me dio toda la razón, haciendo la norma más mercantista que podríamos pensar.

Sunedu ha aprobado un nuevo Reglamento de Reconocimiento de Grados y Títulos Extranjeros. En éste se dice que solo se reconocerán títulos obtenidos en el extranjero siempre que provengan de una de las mejores 500 universidades del mundo según ciertos rankings. Nótese que de acuerdo a uno de los rankings más prestigiosos, ninguna universidad peruana está si quiera entre las 1000 primeras. ¿Con qué cara negamos a universidades que están en el 501-1000?

Esta norma, fuera de su increible absurdidad, ilegalidad e inconstitucionalidad, es claramente mercantilista: lo que hace -en el fondo- es proteger el mercado de postgrados dados por universidades peruanas. Esto tiene por efecto disminuir la competencia, bajar la calidad y aumentar los precios. Exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de la reforma universitaria que supuestamente el Congreso quiere tirar abajo y el Gobierno defiende…