La retórica intervencionista y la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Repuesta al artículo del Ministro Saavedra.

En un estado virtualmente fallido como el nuestro, el pago de tributos se parece más a un robo que a una colaboración justa y necesaria en beneficio de la colectividad. Empecemos por ahí.

 Hace pocos días, el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, sin embargo, escribió en El Comercio que tanto las universidades públicas como las privadas deben ser fiscalizadas y deben rendir cuentas, entre otras razones, porque las primeras funcionan con el dinero de todos los peruanos y las segundas porque reciben exoneraciones tributarias que, según él, son equivalentes a subsidios.

 En el primer caso, estoy de acuerdo. E iría más lejos. Le preguntaría a él qué ha hecho en todos sus años de gestión para mejorar la calidad de las universidades administradas por el Estado (además de apoyar una ley destinada al fracaso).

 En el segundo caso,  el Ministro o ha confundido conceptos o quiere confundirnos. Una exoneración tributaria se parece tanto a un subsidio como recuperar una cosa robada se parece a un regalo. Tienen el mismo efecto, pero son esencialmente diferentes. Pero, a mayor abundamiento, si la justificación para la intervención del estado dependiera de a que sectores éste decidiera subsidiar entonces la decisión de intervenir o no en un determinado sector de la economía no dependería de las características objetivas de ese sector, sino de la mera decisión del gobierno de intervenir.

 Esta es una retórica similar a la que hemos sufrido en el caso de la alimentación saludable o los aportes obligatorios al sistema de pensiones. Uno de los principales argumentos a favor de la intervención es  que el estado realizaría gastos en estos sectores. Estos gastos –de alguna manera- se asimilan a lo que los economistas llaman “externalidades”. Sin embargo, al ser el concepto “externalidad” uno que se utiliza típicamente para justificar la intervención del estado en la economía, mal haríamos en confundir una intervención del estado (gastos o subsidios o exoneraciones tributarias) con las externalidades. Hacerlo, convierte la intervención misma en la justificación para la intervención.

 Quizá el Ministro se debería concentrar más en que las universidades públicas logren la “excelencia” como es su deseo y menos en tratar de decirle a las universidades privadas cómo es que deben administrarse, utilizando una argumentación falaz, como lo ha hecho.