Ley Pulpín (régimen laboral juvenil): a favor y en contra

Es difícil escapar del debate acerca de la Ley Pulpín.  He visto a muchos opinando en contra de la ley basados en datos incorrectos que han sido puestos en evidencia aquí y aquí, pero también algunos comentando acerca de la injusticia –en términos más generales- que esta ley representa. No voy a entrar a todos los detalles de la Ley porque es un tema que ha sido ampliamente discutido, pero me referiré a lo que considero su esencia. Adelanto que estoy a favor de la idea de la Ley, pero en contra de la manera en que se ha propuesto. Considero que debería aplicarse de manera más extensa y no solo a jóvenes hasta los 24 años.

En esencia, todos los beneficios laborales son asimilables a la regulación de precios que significa el sueldo mínimo. Las vacaciones, CTS, seguros, etc., son contra-prestaciones desde el punto de vista económico que equivalen a un sueldo. Aunque existen argumentos a favor y en contra de la regulación de precios en el campo del empleo, creo que es justo decir que la mayoría de expertos en regulación estaría en contra. La regulación de precios genera mercados negros (“informalidad” en el ámbito laboral); escasez (“desempleo” o reducción de inversiones); y también puede ser contestada por las empresas con aumentos de precios de sus bienes o servicios (para más detalles, ver aquí y aquí).

Si se pudieran mantener los niveles de formalidad, empleo, inversión y precios iguales luego de aumentarle los sueldos a los trabajadores, habría un muy buen argumento “justiciero” a favor de la regulación de precios. Lamentablemente, las empresas no son mancas y reaccionan a la regulación.

Además, esta regulación –al generar desempleo e inflación- tiende a tener un impacto mayor en las personas con menos recursos, que son más susceptibles a los incrementos de precios y suelen tener empleos que en condiciones de mercado serían remunerados por debajo del sueldo mínimo.

Regresando al tema

En el caso de la Ley Pulpín, se está desregulando una parte de la oferta, pero otra se mantiene regulada. Eso, teóricamente, crea una ventaja en los trabajadores menores de 24 años, al volverlos más atractivos para ser empleados. Con lo cual, francamente no entiendo de qué se quejan. Los que se deberían quejar son los mayores de 24, que ahora están en desventaja.

La justificación de esto, supuestamente, es que los mayores de 24 son más “empleables” que los menores de 24. Entonces, la Ley busca igualarlos –no formalmente- sino en la realidad.

Desde mi punto de vista, este aspecto de la Ley –buscar la igualdad material entre mayores y menores- no solo es anti-económico, sino inconstitucional. Desde el punto de vista legal, el Estado busca la igualdad de oportunidades, no la igualdad “real” entre las personas. La igualdad es un concepto político, no un reconocimiento sociológico –o económico- de la identidad entre los seres humanos. Las personas tenemos diferentes habilidades, experiencia, etc., y tenemos derecho a cosechar el fruto de nuestros diversos talentos. Convertirnos en clones, aunque sea en el mínimo sentido, no es -ni ha sido- el fin del Estado moderno, salvo en circunstancias muy concretas –como la acción afirmativa- y no exentas de debate.

Por esto, al final diría que no solo estoy de acuerdo con la desregulación del empleo, sino que se debería extender hasta hacerlo general. Lamento decirlo, pero los oponentes de esto viven en un mundo mágico donde puedo volver más caro algo esperando que se produzca en iguales cantidades y al mismo precio.