La Comunidad del Anillo y la alimentación saludable

Últimamente las ideas de inclusión y democracia han hecho brotar otra ilusión o fantasía, en torno a la regulación económica. Esa fantasía es que los empresarios y el Estado se pueden “poner de acuerdo” en el nivel de producción o calidad o precio de un producto; para el beneficio de la sociedad en su conjunto. El último lugar donde he leído esta expresión de “wishful thinking” es en un comentario del ubicuo y galardonado doctor Elmer Huerta. Para este gurú “(…) el sector público y el privado deben ponerse de acuerdo para decidir el tipo de alimentación que merecen los niños del país”. Huerta está hablando acerca de la eminente aprobación del Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable.

Pedirle al Estado y los empresarios que se pongan de acuerdo acerca de qué es lo mejor para la sociedad, es como pedirle a los leones y las hienas que se pongan de acuerdo acerca de lo mejor para las cebras. Cada uno de ellos tiene intereses diversos, irreconciliables. Un modelo de competencia entre grupos de interés, como lo describe Becker, es la mejor garantía de un resultado cercano al interés social.

Un ejemplo de esta dificultad de alineación de intereses se encuentra en un tema básico para la aplicación de Ley de Alimentación Saludable: ¿qué características tiene que tener un alimento para ser considerado poco saludable?

Al respecto, Claudia Cisneros ha señalado que “Ha pasado más de un año y como era de esperarse el poderoso lobby de la industria alimentaria está por sacarle la vuelta a la ley (con todo lo que costó ganarla) haciendo que en el reglamento se validen estándares de azúcar y grasas que están 3 a 4 veces por encima de lo recomendado por la OMS y la OPS. Así, su comida basura pasaría a ser nada menos que “saludable” a la luz de esos pretendidos estándares”.

La misma Claudia Cisneros dice “como era de esperarse”, pero sin embargo parece molesta, indignada y sorprendida el resto de su artículo. Además, para ella, la Ley de Alimentación Saludable es un logro. Sin embargo, es la Ley la que crea las condiciones para que –luego, vía reglamento- se distorsionen las definiciones. Esto era completamente predecible, por eso es estúpido molestarse porque luego, efectivamente, ocurra. También está mal molestarse con los empresarios por no actuar como “miembros del equipo” (como quisiera Elmer Huerta). Ellos velan por sus propios intereses, como agentes racionales que son, del mismo modo que lo hacen Elmer Huerta, Claudia Cisneros, yo y todos los lectores de este blog.

En otro artículo (“Chino Mandarín y Derecho: ¿por qué hacer las cosas simple, complicadas?”) ya mencioné que:

“¿Qué cosa es un “transgénico”? Cualquiera
pensaría que “un producto que ha sido alterado mediante ingeniería genética,
recibiendo genes de otro organismo”. Pero resulta que esa modificación puede
variar de intensidad, por lo que se habla de “porcentajes de modificación
genética”. En Perú, primero se aprobó una norma obligando a los transgénicos a
poner etiquetas y luego se han prohibido por completo. Sin embargo, en relación
a la primera norma -y seguramente harán lo propio en relación a la segunda- “(…) los empresarios han pedido al Ejecutivo
que se fije un “umbral”, es decir, que si el producto contiene menos de 5% de
material transgénico no se detalle en la etiqueta”. La noticia fue titulada
“Empresas
quieren sacar la vuelta con transgénicos”. Lo chistoso es que -antes de ser
dictada- se podía advertir que ese era un peligro potencial de su creación. La
disociación entre el lenguaje coloquial y el legal, es una herramienta que
tienen los grupos de interés para sacarle la vuelta a las normas, tal como ha
explicado el profesor de la Universidad de Chicago Omri Ben-Shahar, ¡justamente
refiriéndose al caso de los transgénicos! [ver, aquí,
en el video]. Pero acá somos muy “iluminados” para escuchar lo que tiene que
decir uno de los mayores expertos del mundo en un tema, antes de regular.

Un caso parecido es el de la “Ley
 de Alimentación Saludable” (…)” (seguir leyendo, aquí).

Esto lo dijimos hace meses, casi un año. Ahora, la discusión, como era totalmente predecible, gira en torno a cosas como “cuánta azúcar debe tener un alimento para ser considerado “alto en azúcar””. Claramente, los empresarios querrán que sea menos que los defensores de la regulación. Este es un problema estructural de este tipo de regulación, no un tema coyuntural, ni “culpa” de los empresarios.

Fuera de lo anterior, no se justifica el alarmismo de algunos que han mencionado que “(…) para la OMS, si una bebida contiene más de 2.5g de azúcar por cada 100ml debe ser considerada alta en azúcar; sin embargo, para la propuesta de reglamento, sólo será considerada alta en azúcar si supera los 8.1g de azúcar por cada 100ml; es decir más de 3 veces lo recomendado. Y nada qué decir si de los alimentos sólidos se trata, en donde lo establecido por el reglamento es 4 veces mayor”.

Llama poderosamente la atención la falta de citas a las supuestas disposiciones de la OMS (la falta de citas también incluye el artículo de Claudia Cisneros). Pero, fuera de eso, países como el Reino Unido, tienen estándares muy parecidos a los que ahora acogería Perú (ver, aquí). Y, difícilmente, se podría decir que UK está atrasado en temas como la protección a los consumidores.

“2.5 g por cada 100 g” es considerado internacionalmente como “bajo en azúcar” (ver este informe, p. 89 en adelante). Que un alimento tenga más que eso, no lo hace “alto en azúcar”. Es como que tener menos de 80 puntos de CI te hace “bruto”, pero tener más de 80 no te hace inteligente. Parece que eso no han entendido los autores de los artículos citados.

Seguramente me van a pedir soluciones y no que “solamente” ponga en evidencia la falta de razonabilidad de los argumentos ajenos. Mi solución es que se deje al mercado decidir qué información da a los consumidores. Si un productor quiere sacar ventaja de ofrecer alimentos bajos en azúcar, que lo diga, en su publicidad. El resto, sabremos –por descarte- que no son bajos en azúcar. Si se fuerza a los empresarios a dar información contraria a sus intereses, uno no se puede sorprender porque estos hagan lo que esté en su poder para evitarlo. El pensamiento mágico es un mal consejero para la regulación. 

@osumar