SERVIR: empujar la burocracia, pero ¿hacia dónde?

[Imagen tomada de Selbe
B]

 

Va a sonar algo aguafiestas lo que voy a
decir; ya que muchos comentaristas especializados están felices con esta norma.
Sin embargo, me parece algo básico preguntarnos: ¿qué es lo que van a hacer más
y mejor nuestros funcionarios públicos?

Ya sé que no todos ellos están incluidos
en la Ley, pero igual los uso como ejemplos: ¿Quién es mejor policía? ¿El que
dispara más veces? ¿El que hace más arrestos? ¿El que sale mejor en un examen
sobre conocimientos sobre como ser un buen policía? Lo mismo con un
congresista: ¿Más leyes? ¿Más acusaciones? O un médico: ¿El que cura más
pacientes independientemente de los recursos que use o la complejidad de la
enfermedad? ¿El que atiende más? ¿El que usa mejor los recursos? O un juez: ¿El
que resuelve más causas? ¿El que va a más cursos de especialización? ¿El que
recibe menos quejas o procedimientos disciplinarios? Un burócrata, ¿es mejor
cuando pone más “peros” o menos a un proyecto de inversión? No es tan fácil
decidir.

Estos pasos intermedios, a su vez, están
conectados con la finalidad de la institución como un todo. Tal como ha
destacado Pedro Francke de manera bastante crítica, ¿cómo evaluar el
desempeño individual en una institución que no funciona en conjunto o que no tiene
un claro norte? Es difícil cuestionar una Ley cuando tiene un propósito tan
noble. Sin embargo, me pregunto si no será contraproducente volver más
“activos” a funcionarios públicos que marchan sin rumbo o sin un propósito
claro.

¿Cómo
alinear el desempeño de los funcionarios públicos al interés público?

Creo que una buena manera es incluyendo
incentivos de mercado dentro de la administración pública (recomiendo leer esto).
Por ejemplo, los administrados deberían poder elegir  -en algunos casos- entre diferentes
dependencias administrativas; en lugar de que la competencia esté basada en criterios
formales como el domicilio del administrado (esto es claro en casos como los
colegios públicos y la solución de los vouchers).
Luego, la duplicidad de funciones no necesariamente es una mala idea.  Introducir la competencia entre instituciones,
combinado con la capacidad para elegir de los usuarios, nos da una idea clara
de las preferencias de los ciudadanos, que es lo que queremos satisfacer en
primer lugar, por lo menos cuando estas preferencias están alineadas con el
interés público.

Además, se debe pensar con cierto
detenimiento cuándo una actuación administrativa es “buena”. En el ámbito
judicial, es difícil -por subjetivo- distinguir entre una buena o mala
interpretación de la ley. Sin embargo, un criterio objetivo para determinar
cuando una resolución judicial es “buena” es cuando es confirmada por la
instancia superior. Esto no solo da un parámetro objetivo acerca de la
corrección de la resolución, sino que sirve el propósito de uniformizar los
criterios jurisprudenciales (ver más detalles sobre estas ideas, aquí). ¿Cuál es el
criterio para cualquier otra actividad administrativa? Nuevamente, no es una
pregunta fácil de responder. Tomando mis ejemplos, imagine cuán
contraproducente sería medir el desempeño de un juez por la cantidad de
resoluciones expedidas o de un médico por la cantidad de pacientes tratados o
de un policía por la cantidad de arrestos. Quizá exagero, pero es para ilustrar
el punto: los criterios de evaluación son fundamentales y deben -a su vez-
responder a una visión integral de las instituciones.

Sé que esto se puede ver luego, mediante
reglamentos o directrices específicas; solo hago la crítica porque me parece
que se han invertido los pasos. Primero hay que saber hacia dónde queremos
empujar y luego recién empujar. Primero hay que responder preguntas básicas
como cuáles son las metas de las instituciones; si queremos que nuestros
funcionarios sean más o menos discrecionales; si los mejores evaluadores de su
desempeño son sus jefes o los usuarios del sistema; etc. Si empujamos antes de
saber hacia dónde vamos, no solo podría no servir a nuestro propósito, sino
alejarnos de nuestro destino.

@osumar