¿Servicio militar anacrónico y discriminatorio?
El servicio militar obligatorio no es nada nuevo en Perú, sin
embargo este gobierno ha reabierto el debate convocando a sorteo a través de un
Decreto
en diciembre de 2012. Este Decreto ha sido celebrado por el Ministro de
Defensa, pero criticado tanto por los amantes de los derechos
humanos, como por los liberales
en, por lo menos, dos sentidos:
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del autor]
(i) Anacrónico e
innecesario
Esto, por cuanto no estamos en tiempo de guerra y -en todo caso-
la mejor manera de convocar a reclutas sería creando incentivos. Además, las
fuerzas armadas deberían tender a profesionalizarse.
Si bien me parece que estas críticas tienen sentido, no me parece
que sean definitivas. Por un lado, el no estar en guerra hoy no es pretexto
para no estar preparados. Las guerras son como los perros que no muerden: no
muerden hasta que muerden. Muchos en Europa pensaron que era virtualmente
imposible que Alemania empezara una segunda guerra mundial y -sin embargo- lo
hizo. El resto es historia.
Por otro lado, si bien es cierto que deberían crearse mayores
incentivos para acceder a la carrera militar y que ésta debería profesionalizarse,
esto puede hacerse paralelamente a la obligatoriedad del servicio en caso no se
alcance el personal suficiente. Nada garantiza que incentivar la carrera hará
que se llenen las plazas.
(ii) Discriminatorio
Por cuanto es posible exonerarse mediante un pago de cerca de dos
mil soles. Obviamente, esto haría que -si uno tiene escasos recursos- tenga más
chances de ser convocado, contra su voluntad. Lo que voy a decir va a sonar
duro o injusto, pero es cierto: las personas con menos recursos tienen menos
acceso a todos los bienes, incluyendo la libertad o su propio cuerpo. El pago
por excluirse del servicio militar no se diferencia radicalmente del pago de
cualquier otra multa. Si una persona tiene escasos recursos, perderá su
licencia de conducir al cometer una infracción, cerrarán su negocio por no
pagar tributos o irá a la cárcel por no poder pagar una pensión a su cónyuge.
El Estado siempre da la opción a pagar, para considerar cuánto esa persona
valora la opción de no ser sancionada o se le quite algún derecho o privilegio.
Esa “valoración”, casi indefectiblemente, se expresará en dinero, una manera
objetiva y estandarizada de valorizar las cosas. No veo “discriminación” en
ninguno de esos casos, y tampoco en el servicio militar, en principio, aunque
podría variarse la regla, como menciono al final.
Temas como el servicio militar obligatorio traen a colación la
pregunta “¿somos dueños de nuestro cuerpo?”, igual que la posibilidad de vender
nuestros órganos básicos o abortar, ambos prohibidos en Perú [para una amplia
discusión al respecto, recomiendo leer a Guido
Calabresi]. La opción de pagar por salirse del servicio entraña una respuesta
-parcialmente- positiva a la pregunta: “sí somos dueños de nuestro cuerpo, si
es que pagamos”. Así, tendríamos más libertad, aunque ésta genere una tensión
en términos de equidad.
Sin embargo, esa tensión no es distinta a cualquier otra producida
por la realidad, o inequidad, si quieren, del mercado. La respuesta inversa
implicaría excluir a nuestro propio cuerpo -o cualquier otro bien- de la
propiedad [de nuestra propiedad],
volviéndonos más pobres, y menos libres. Paradójicamente, excluir más bienes
del mercado, suele generar más pobreza y más necesidad de intervención en pos
de la igualdad.
Por otro lado, se podría pensar en sistemas alternativos de
exclusión, como considerar a los que están estudiando en una universidad o los
que “pelean mejor”. El primero, simplemente es una deformación innecesaria del
sistema de pago. Se asume que el tiempo de los universitarios es más valioso,
pero esto es completamente subjetivo y -en la práctica- puede llevar a
resultados similares que el pago monetario. El segundo, llevar a los que pelean
mejor, independientemente de sus ingresos, sí es un criterio realmente
alternativo, pero lamento decir que es anacrónico. Actualmente, la habilidad de
pelear no es determinante en el ejército, salvo excepciones.
Dejando esta discusión de lado, en realidad, aun si quisiéramos,
no podríamos excluir completamente la posibilidad de pagar la multa. La multa
solo sería pagada en un “mercado negro” [i.e.
la corrupción e influencia] y sería más alta y, por tanto, aun menos equitativa.
Finalmente, quizá la solución pase por un “afinamiento” de la
regla. Se podrían considerar multas diferenciadas en base al nivel de ingreso.
Esto no excluiría el problema, pero por lo menos lo aliviaría en parte.
Pd: Pueden contactarme en Twitter @osumar