¿Sería conveniente tratar al Poder Judicial como un mercado?

Este tipo de respuesta es equivalente a mejorar el tránsito
creando más y mejores carreteras o solucionar un problema de obesidad subiendo
la talla de tus pantalones. Si se ve desde el punto de vista económico, el
problema del Poder Judicial es uno de incentivos, no de diseño. Si litigar
tiene un costo que se paga en tiempo, éste siempre será la moneda de cambio. No
es una característica del sistema, sino lo que lo define. Si los jueces no
tienen incentivos para resolver rápido y “bien” sus causas, no lo harán, salvo
que sean héroes. Nadie niega que los haya; pero no podemos confiar en que
surgirán espontáneamente. Actualmente, entre otros problemas: los servicios de justicia no
representan sus costos reales (un demandante solo debe pagar una tasa que está
llamada a cubrir gastos administrativos, pero no el sueldo de los jueces); los
jueces no son evaluados permanentemente (sino cada siete años); y, sus
evaluaciones no son realizadas sobre la base de objetivos alineados con el
interés público (hasta hace dos años el proceso de ratificación por el Consejo
Nacional de la Magistratura no exigía una decisión motivada). Actualmente se ha
implementado un método de evaluación parcialmente objetivo, pero solo el 50% de
la nota de evaluación corresponde a la calidad y rapidez con la que los jueces
realizan su trabajo (y ese 50% es medido de una manera insatisfactoria), entre
otros problemas.

En 2011, junto a Ana Cecilia Mac Lean y Carlos Deustua, redactamos
un policy brief con propuestas. Voy
a reproducir las propuestas que sugerimos en dicho documento, pues considero
que siguen siendo aplicables a las circunstancias actuales:

Incentivos
económicos  por resolver rápido y sin ser
“revocado” por la instancia superior: la idea
sería establecer una fórmula mediante la cual se premie una combinación entre
rapidez de las resoluciones y calidad de la sentencia, que podría ser medida
por la cantidad de sentencias revocadas o anuladas (Abramowicz, 1995)^[1]. Un
juez que resuelva más rápido y sus decisiones sean respetadas por las
instancias superiores, recibiría bonos. Esto solucionaría -al mismo tiempo- los
problemas de celeridad y certeza.

Competencia entre
jueces: actualmente los jueces son elegidos por
un criterio territorial y, dentro de éste, aleatoriamente. Se propone que las
partes puedan elegir a sus jueces libremente, lo cual también sería un criterio
para determinar qué jueces están haciendo mejor las cosas.

El servicio debe ser
pagado y reflejar costos efectivos: se propone
que el servicio de justicia refleje algún criterio de costos real y solo sea
subsidiado en casos de necesidad. Se puede crear diferencias de costos
dependiendo del tipo de proceso (sumario o normal), el cual no dependerá de
criterios formales preestablecidos, sino de la voluntad de la parte por pagar
más o menos. El que estuviera dispuesto a pagar más, tendría un proceso más
rápido.

El Poder Judicial debe
tener un presupuesto diferenciado al del resto del Estado: sumado al punto anterior, el Poder Judicial debería poder
financiarse con sus propios recursos.

Lo anterior parte de una idea base: primero hay que definir bien
el problema, luego buscar soluciones. Los diagnósticos son solo descripciones,
pero no definen el problema por sí mismos. El problema del Poder Judicial es de
incentivos, no de diseño.

Pd:
Pueden contactarme en Twitter @osumar

Pd2:
Mis posts salen los martes.